Hay mentes clarividentes y ejemplares, tanto en los medios de comunicación (Jiménez Losantos, Francisco Marhuenda, etc.), como entre la clase política, y Pedro Sánchez es uno de esos intelectos prodigiosos que se enfrenta al caos político que provoca el movimiento independentista. Este cerebro brillante y extraordinario propone ahora alegremente actualizar el delito de rebelión en el Código Penal para que pueda aplicarse así a los políticos catalanes en su intento de valerse de su condición de gobernantes para subvertir el orden contitucional. Y puesto que el delito de rebelión se halla ahora vinculado a golpes militares, cosa que con esa potencia de pensamiento sobresaliente a deducido él solo a lo largo de estos cinco meses del procés català, no se puede por tanto aplicar este delito como tal, según pretende, por ejemplo el juez Llanera, hecho que Bruselas rechaza.

Pide Sánchez adaptar o ampliar su redacción a la defensa de un bien jurídico como es la Constitución. Y va más allá en un alarde de videncia profética cuando vaticina que, el desafío catalanista de secesión se dilatará años. Qué lógica tan aplastante, cuando no se están poniendo los medios necesarios para atajar el problema. Pero léjos de dejarlo ahí, atiza los rescoldos de un fuego que mejor habría que sofocar por la vía del entendimiento. Y propone la intervención de TV3 y los Mossos de aplicarse otro 155.

Con todo esto que pretende este pisaverde  de la política actual no se conseguiría más que prolongar una situación de incertidumbre acerca del futuro político de Cataluña y de España, aumentando la conciencia nacional en cada bando, cosa nada recomendable en un ambiente ya demasiado revuelto.

El delito de rebelión se halla ahora vinculado exclusivamente a golpes militares

El riesgo de la convivencia en el Estado español es un problema muy grave y muy serio como para tomárselo a la ligera. En este contexto político y social es necesario que los partidos auténticamente democráticos aunen criterios que arraiguen profundamente en la opinión pública, ante el deterioro que esta crisis está provocando. Porque para pirómano del desencuentro ya está Rivera y sus acólitos naranjas. Este conflicto sólo se arregla por la vía democrática y pacífica del encuentro.

Hay que acabar ya con la judicialización de la vida política. ¿Por qué no se escucha a Bruselas? El Tribunal Supremo se defiende aduciendo que es puro desconocimiento del orden jurídico español. Y luego llega el ministro de exteiores, Alfonso Dastis, y nos cuenta que lo que tenemos que hacer es cargarnos de razón y lanzar el mensaje de que tenemos una democracia casi perfecta, con un nivel de derechos humanos de los más altos de cualquier constitución occidental. Cada cual tiene su manera particular de ver las cosas, supongo, que justifica su querer y no poder. Y a empellones en ese ritmo de autoconvencerse pretenden elevarse por encima de la razón misma, cuando en realidad lo cierto es que la auténtica verdad es otra historia muy distinta.

Lo importante a tener en cuenta es que la decisión de la justicia belga sobre las extradiciones de Comín, Serret y Puig abren un camino de esperanza para el desenlace del resto de procesos judiciales y una posible solución. La pena es que esto tenga que venir de fuera.

Hay que acabar ya con la judicialización de la vida política