El grupo petrolero ruso Rosneft saldó este miércoles más de diez años de costosas disputas heredadas del desmantelamiento de Yukos, el grupo del exoligarca ruso y opositor Mijaíl Jodorkovski, del que retomó los principales activos.

La empresa pública, productora del 40% del petróleo ruso, anunció un acuerdo con los exaccionistas, que pone fin a todas las demandas. En virtud de esto, no pagará indemnizaciones, pero renunciará definitivamente a ciertos activos en litigio.

Al término de un proceso por fraude fiscal iniciado en el año 2000, por razones políticas según Jodorkovski y varias instancias europeas, Yukos fue vendido principalmente y a precio de saldo a Rosneft.

Esta era por entonces una empresa modesta y ahora es uno de los mayores productores de hidrocarburos del mundo, golpeada no obstante por la caída de las cotizaciones del crudo y las sanciones occidentales contra Rusia por su papel en el conflicto ucraniano.

A raíz de aquel controvertido proceso, el grupo público ruso, dirigido por Igor Sechin, muy cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, fue blanco de denuncias en Nueva York, París y Ámsterdam. Asimismo, fue condenado a pagar indemnizaciones de cientos de millones de dólares, que hasta ahora se negó a abonar.

En un comunicado, Rosneft anunció que por medio de varias filiales "ha concluido un acuerdo de solución de todos los litigios" con las empresas representantes de los accionistas de Yukos, en particular Yukos Finance y Yukos Capital. En virtud de ese acuerdo, "las partes renuncian a todas sus reclamaciones y ponen fin a todos los procesos ante los tribunales", añade el comunicado y precisa que el documento "no prevé ningún pago de parte de Rosneft y sus filiales".

Las dos entidades de derecho holandés que agrupan a los ex accionistas de Yukos confirmaron el acuerdo.

Sus "términos son confidenciales" y el acuerdo "se aplica a todas las jurisdicciones", precisó su portavoz, Claire Davidson, en un comunicado. "No es un acuerdo financiero", explicó luego la portavoz a la AFP.

El acuerdo, dijo, da garantías "en cuanto a la propiedad de estructuras y activos importantes a las entidades holandesas", dirigidas por exdirectivos de Yukos. La portavoz evaluó esos activos en 400 millones de libras esterlinas (550 millones de euros, 590 milones de dólares). Al mismo tiempo, los exaccionistas se evitan nuevos gastos de justicia para mantener los procesos abiertos.

El acuerdo no afecta, sin embargo, ciertas causas abiertas contra el Estado ruso.

En julio de 2014, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya condenó a Rusia a pagar 50.000 millones de dólares de indemnización a los exaccionistas de Yukos, por haber orquestado el desmantelamiento del grupo petrolero por razones políticas. El tribunal consideró que la ofensiva abierta hace diez años por el Kremlin contra Yukos tenía el objetivo no de recuperar impuestos impagados, sino de provocar la quiebra de la empresa.

Días más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ordenó a Moscú a pagarles cerca de 1.900 millones de euros. El Consejo de Europa urgió a Rusia a presentar un calendario de pago, pero el ministro ruso de Justicia, Alexander Konovalov, respondió que su país actuará como estime necesario.

Jodorkovski, encarcelado durante diez años en Rusia y ahora en el extranjero, dijo que no pedirá indemnizaciones.