La pérdida de confianza en las instituciones y el desapego a la clase política por parte de los ciudadanos hace que el grado de desafección se dispare y salte la alarma entre los afectados, como resulta ser el caso del Presidente del gobierno, quien en un solo año de mandato, ha bajado su valoración ciudadana hasta un 2, 78. La peor cifra de evaluación adjudicada a un presidente desde el arranque democrático, sin que a nadie con dos dedos de frente se le escapen las razones de tan agudizada caída.

Pero por lo visto, lo que para profanos es un clamor a voces, al parecer, para eruditos implicados resulta ser una complejidad; y así, ante el dilema, en un intento de descifrar tan aparente incógnita, por decisión del Ejecutivo la vicepresidenta Sáez de Santamaría, encarga al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), un plan para frenar el actual deterioro, con el fin de devolver la proximidad de los electores a las filas conservadoras, y del mismo modo, rescatar la confianza que los ciudadanos han perdido en las instituciones.

Al margen del figurado tono menor que envuelve esta decisión, lo cierto es, que tras ese sibilino plan, se oculta la estrategia de soporte de una campaña diseñada para prestigiar la imagen del Ejecutivo, y paliar con ello, el severo desgaste político ocasionado por la culminación del desguace del país, con el objetivo puesto en una virtual recuperación de esa multitudinaria masa electoral que le ha vuelto la espalda a este gobierno de chatarreros.

Pero si censurable es la finalidad de esta simulación, mucho mas lo es, que para propósitos de marcado corte partidista, se utilicen fondos públicos echando mano de organismos del Estado como resulta ser la institución destinataria del encargo. Claro que por estrategia de tapadera, la iniciativa se hará extensiva a través de la formal denominación de " renovación democrática", o algo similar, con la intención de ampliar el marco de acogida e implicar a los socialistas (también mermados de prestigio), y así, conjuntamente, en amor y compañía consensuar un texto legislativo y vender una regeneración ficticia tras el camuflaje de un pacto de estado.

Decía el fallecido líder del pensamiento moderno Aldous Huxley, que en la vida real, la farsa existe únicamente para los espectadores, nunca para los actores........., y a juzgar por lo visto, con su apreciación es manifiesto que a este intelectual le asistía enteramente la razón.

De ahí la actual estratagema del ejecutivo de Rajoy, que no es otra, que inmunizarse ante la avalancha de reacciones de réplica social contra su disparatada acción de gobierno, y para ello, en vez de asumir el error de sus políticas y proceder vía enmienda, da continuidad a su doctrina de estrechez y guillotina, marcándose a la vez como medida paliativa, el absurdo intento de recobrar el prestigio político, virtud que paradójicamente nunca ostentó.

Rajoy ha de asumir que no se puede otorgar confianza a quien accedió al poder amparado en la mentira del engaño electoral

Contra esa falsa proclama de desapego, decir, que no son los ciudadanos quien han tomado distancia de la clase política, mas bien al contrario, pues salvo raras excepciones, es la clase política quien con sus actos expresa constantemente no tener apego a los ciudadanos. Respalda esta apreciación la prevalencia de las prerrogativas otorgadas a los políticos en contraste con el regateo mostrado por estos hacia los derechos básicos de la mayoría social.

Por eso, todo apunta a desconfiar que el Presidente y sus adjuntos hayan extraviado su código ético, pues de no echar mano de tal sospecha no se alcanza entender ese empeño en disponer de un plan para regenerar una situación que fácilmente se tendría remediado rescatando la decencia y la honradez. Claves efectivas pero diametralmente opuestas a esa receta de evasión que ahora promueven fingiendo ser víctimas de incomprensión.

En política se debe ser serio, pues además de una pauta gratuita es una práctica higiénica y saludable y el mejor antídoto a la falsedad, esa plaga tristemente enraizada en la clase política como recurso dominante y causa congénita de su desprestigio.

Rajoy ha de asumir que no se puede otorgar confianza a quien accedió al poder amparado en la mentira del engaño electoral, ni tampoco a quien gobierna para los mercados en detrimento de la sociedad, ni mucho menos a quien agranda su incapacidad suprimiendo el estado del bienestar con la eliminación añadida de las garantías constitucionales de los ciudadanos.

En razón a ello y por salud democrática, resultaría temerario seguir confiando la reconstrucción del país a los artífices de su destrucción, que para mayor gravedad concluyen ser los mismos que sosiegan el sueño de esa constante pesadilla de escándalo y corrupción.