La institución pública encargada del cuidado de niños y adolescentes de Chile está en la mira de la justicia y de la opinión pública por la muerte de 185 menores bajo su tutela en doce años.

Aquejado históricamente de falencias a la hora de cumplir con su misión --garantizar una vida y futuro dignos a los niños y adolescentes más vulnerables del país, dependientes del organismo--, el Servicio Nacional de Menores (Sename) ha vuelto trágicamente a las primeras páginas.

La justicia designó al fiscal regional Marcos Emilfork "para investigar las presuntas responsabilidades penales en la muerte de menores" bajo la órbita estatal.

"El Sename es una institución que está técnicamente muerta", lanzó el diputado René Saffirio, que considera que el gobierno de Michelle Bachelet tiene que trabajar "en un proyecto de ley que permita reconstruir una institucionalidad para la asistencia y el cuidado de niños y adolescentes".

El legislador independiente considera que en la última semana se dieron avances significativos: "el Estado chileno reconoce por primera vez la muerte de 185 menores desde el 2005 al 2016 y la justicia decide designar a un fiscal especial para investigar". "Esto marca que se busca empezar a reparar el daño que el Estado ha causado", dijo el diputado a la AFP.

El político difundió esta semana en el marco de una comisión parlamentaria los datos que había solicitado en mayo sobre las muertes registradas en los últimos años en los centros dependientes del Sename, tras el fallecimiento de una menor de 11 años en abril en un centro de protección por un paro cardiorespiratorio.

Los registros detallan que 134 de las muertes se produjeron en establecimientos de salud, 49 en organismos colaboradores del Sename y 2 en centros de administración directa del Sename.

Ahora, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, se encargará de entregar datos sobre la causa de las muertes. Asimismo, tendrá que rendir cuentas al Congreso en los próximos días.

- Vicios del sistema -

Ante la ola de cuestionamientos públicos y el desembarco de la Fiscalía Nacional, funcionarios de Sename apuntan a contextualizar la alerta desatada para evitar que el sensacionalismo y la desmesura impidan trabajar para mejorar el sistema.

"La lectura que se ha dado es desproporcionada, es real que es un tema serio pero las comisiones y las denuncias no dan respuesta a la crisis del Sename. Nos falta mucho como país y como Estado para hacernos cargo de los niños vulnerables", comentó a la AFP Luis Cortez, presidente de una de las asociaciones de funcionarios del Sename, que nuclea a unos 1.000 trabajadores de la institución.

Para el funcionario, hay "un problema de pobreza que no se quiere reconocer y así quedan niños abandonados, vulnerables a la delincuencia". El Sename "hace lo que puede con los recursos que tiene, sin planes de salud mental en las dependencias" y otras carencias que complican la labor con los menores.

Para el director del Sename, Hugo Herrera, parte del problema es la sobreactuación que sufre la institución que debe "restituir todo tipo de derechos porque así lo piden los tribunales de familia", dijo en entrevista a radio T13.

Sin embargo, para Saffirio, el problema radica en la falta de fiscalización de las condiciones de los centros colaboradores.

Sin lugares acondicionados para el desarrollo de los menores y la falta de respaldo de especialistas de la salud, los centros "son verdaderas cárceles, en las que prima la ley de la selva y en las que de alguna manera se mantiene el estímulo perverso de que las instituciones privadas mantengan a los menores para seguir recibiendo la subvención estatal", denunció Saffirio.

Con más de 8.000 niños a su cargo, en su mayoría dispuestos en centros colaboradores, el Sename está en deuda con el control de menores vulnerables, según el especialista en prevención del delito Jorge Araya.

"El Sename está haciendo el trabajo con mucha debilidad, de manera muy insuficiente para lo que requiere el país, acotó el especialista en un comunicado difundido por la Universidad de Santiago, en el que insta a "una pronta transformación".

Además de garantizar los derechos de niños y adolescentes, reinsertar socialmente a los adolescentes imputados o condenados, el organismo regula también las adopciones en el país.