El terremoto que ha causado en diferentes puntos del país la macrooperación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) durante la mañana de este martes contra posibles amaños de contratos para la gestión del tráfico, ha tenido su repercusión en la provincia de Alicante.

Dos agentes de la policía judicial han acudido a la Diputación de Alicante, gobernada por el Partido Popular, "para solicitar información". "En ningún caso se trata de un registro, sino de una petición de información", han insistido fuentes de la institución.

En un comunicado que se ha apresurado a enviar a los medios, el ente provincial explica que, a diferencia de otras administraciones, no ha adjudicado ningún contrato a la empresa que aparece en la investigación, Aplicaciones Gespol S. L., ha afirmado el vicepresidente primero del Gobierno Provincial, Eduardo Dolón.

Dicha empresa estaba en estos momentos optando a hacerse con un contrato de un millón de euros para gestionar un software sobre regulación de tráfico y multas dirigido por la Diputación de Alicante y coordinador con policías municipales, asegura el Información.

Dolón ha avanzado que "los Servicios Jurídicos de la Diputación de Alicante están preparando un expediente en el que se informará detalladamente de la documentación que se nos ha solicitado que es un procedimiento que entra dentro de la normalidad institucional e interadministrativa y que no implica ninguna otra acción posterior".

Por último, en una crítica a los medios de comunicación, ha pedido "prudencia" y "no aventurar titulares ni hechos que no se han producido. Hay que dejar actuar a la justicia, ser cautelosos y mantener la tranquilidad", ha apostillado.

Por su parte, en un procedimiento similar también se ha visto afectado el municipio de San Vicente del Raspeig, cuyo alcalde, Villar Notario, es del PSOE. A través de otro comunicado, el Ayuntamiento ha reconocido que agentes del Cuerpo Nacional de la Policía "se han personado hoy en dependencias municipales con un requerimiento judicial de información". El consistorio asegura que "ya está preparando la documentación requerida con absoluta transparencia" y ha especificado que "la colaboración con la Justicia está siendo total".