Militares retirados y abogados de exdirigentes de dictaduras de América Latina reclamaron amnistía para los crímenes de lesa humanidad durante un controvertido foro que se desarrolló este martes y miércoles en Buenos Aires.

El encuentro fue organizado por la asociación Justicia y Concordia, creada hace cinco años, que reúne abogados que defienden a militares argentinos condenados por crímenes cometidos durante la dictadura (1976-1983).

Unas 250 personas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela participaron del foro, desarrollado en un lujoso hotel de Buenos Aires.

"La concordia y la paz solo pueden ser fruto de una amnistía que termine con todo este odio y estas persecuciones fomentados desde el poder", dijo a la AFP Alberto Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.

Solanet consideró que "los delitos por los cuales los militares están perseguidos ocurrieron hace 30 o 40 años" y reclamó su prescripción sin tomar en cuenta que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles en Argentina.

Al igual que otros exponentes del foro, denunció lo que consideró la "ilegalidad" de los procesos, debido a que existieron leyes de amnistía e indultos, aunque estos fueron anulados por el Congreso en 2003.

A partir de la anulación de las leyes, se reactivaron en Argentina decenas de juicios por torturas, secuestros y desapariciones durante el régimen militar en todo el país.

Más de medio millar de militares fueron condenados en la última década, entre ellos el fallecido exdictador Jorge Videla, quien recibió varias condenas a prisión perpetua.

"A los militares hay que condenarlos aunque no existen pruebas suficientes para ello", dijo el abogado Adolfo Paúl Latorre, capitán de Navío retirado de la Armada de Chile.

Los argentinos Alberto Rodríguez Varela, exministro de Justicia (1978-1981) y que defendió a Videla, y Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, también procesado por crimenes de lesa humanidad, fueron algunos de los conferencistas del encuentro.

El martes, varios centenares de militantes de Quebracho, una organización de izquierda, se movilizaron para denunciar una "reunión de abogados de genocidas", en un país aún traumatizado por las secuelas de la última dictadura, como el robo de bébes sustraidos a madres prisioneras en centros clandestinos y luego desaparecidas.

"Es un grupo de fascistas, militares o empresarios relacionados con la última dictadura militar (...) Ellos tienen el descaro de venir juntos para desafiar las políticas de derechos humanos o el encarcelamiento de militares genocidas", denunció uno de los manifestantes, Laly Machado, de 26 años.

Unas 30.000 personas fueron desaparecidas o asesinadas en la dictadura argentina, según organismos humanitarios.