El juez responsable de la promulgación de la detención de Augusto Pinochet dice que el Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de Santiago contribuyeron activamente con la represión, amenazando a los jueces buscan condenas por violaciónes de derechos humanos durante la dictadura militar . "Nos ha faltado el valor moral de la Justicia, que colaboró ​​con la dictadura, facilitando violaciónes de derechos humanos", dijo Tapia.

"A Caravana de la Muerte era una viage fatídica de un oficial del exército por todo el país, pasando de norte a sur matando todos los presos políticos que se encontravam en los regimentos. Disparavam en las rodillas, en las partes digitales y despues en el corazon. Si una persona sobrevivia, davan um golpe de misericórdia en la cabeça. Algumas vezes, tiravam en los ojos de los presos. Si querian robarles sus anillos, les cortavam los dedos. Para não dejar testigos y como eran muy terribles los hechos, los muertos fueron llevados al helicópteros y desde allí, tirado al mar. Además de los actos de terrorismo de Estado, este fue un mensaje claro de las fuerzas armadas chilenas: así es como tenemos que tratar a nuestros enemigos ".

Con estas palabras, el chileno Juan Guzmán Tapia describe algunos de los horrores de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet durante una conferencia celebrada este domingo (25), en el Foro Mundial de Jueces en Belén (PA). Tapia fue el primer juez de mantener el dictador arrestado en febrero y marzo de 2001, por los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte. También condenó Pinochet un segundo juicio, esta vez por la Operación Cóndor, una especie de terrorismo de Estado panamericano, que afectó a todos los países del Cono Sur a través de acuerdos internacionales para facilitar el procesamiento de los opositores de los regímenes de sus países. Ambas demandas fueron presentadas por los tribunales de apelación.

En total, Pinochet fue acusado en cinco ocasiones, todo monitoreado muy de cerca por Juan Guzmán Tapia, incluyendo el caso que dio lugar a la orden de detención del dictador chileno en Londres en 1998, a petición de la corte española. En ocasiones, Pinochet fue acusado de secuestro permanente a un delito acuñado por Tapia para asegurar algún tipo de castigo para los autores de violaciónes de derechos humanos en Chile después del golpe militar de 1973. Así que se enmarcan las desapariciones de activistas políticos, por lo tanto, no susceptible a la prescripción de la pena, así como el apoyo dado por los jueces chilenos por crímenes cometidos en el país en ese momento.

"Nos ha faltado el valor moral y valentia al poder judicial, que colaboró ​​con la dictadura, facilitando violaciónes de derechos humanos", dijo Tapia. "Los tribunales de apelación han rechazado más de 10.000 habeas corpus en los casos de personas desaparecidas. Los tribunales de apelación (Apelación) confirmaron las decisiones. En los tribunales militares, todas las causas se han completado con suspensiones temporales o permanentes, y desaparecidos políticos sólo tenía tramite formal en la corte. Por lo tanto, el poder judicial ha contribuido a que los agentes del Estado quede impune ", dijo el juez.

Después de la amnistía de 78 años, acumula una estrategia legal para tratar todos los desaparecidos políticos y secuestros permanentes - duración todo el tiempo que dura la desaparición de personas. Por lo tanto, cientos de torturadores y los líderes militares podrían ser procesados ​​por secuestro. Eso es lo que permite la evaluación de Tapia, asegurando un poco de justicia, posteriormente, contra las violaciónes.

El buen ejemplo de Chile

A pesar de la colaboración del poder judicial, Chile se convirtió en uno de América Latina que, a diferencia de Brasil, juzgado y condenado los violadores de la dictadura militar de los derechos humanos. Hasta el momento, 300 ya han sido procesados y 200 condenados penalmente por uno de los regímenes más sangrientos del continente: más de 250.000 torturados, asesinados 3.000 y 1.200 prisioneros y desaparecidos.

El proceso desarrollado en Chile comenzó con la ratificación de importantes tratados internacionales de derechos humanos y un cambio en la Constitución que permitía la aplicación directa de dichos tratados por la justicia en el país.

La pena de muerte fue abolida y se inició el proceso de secuestro, asesinato y crímenes contra la humanidad, con la celebración de un tribunal especial para juzgar los crímenes de la dictadura.

"Los tribunales de justicia y la democracia comenzaron a aplicar el derecho internacional por sobre la ley. Y las causas fueron reabiertas para el asesinato, el maltrato, la tortura y la desaparición forzada ", informó. "La impunidad terminó sólo ha sido en parte porque algunos delincuentes fueron juzgados. Sin embargo, no se consideraron los jueces, ministros o civiles que han contribuido a la represión ", añadió Juan Guzmán Tapia.

En su evaluación, la Constitución promulgada por Pinochet en Chile entre en vigor, persistiendo la economía liberal que favorece a las empresas multinacionales a expensas de la gente. "El aumento de la violencia, la delincuencia, el desempleo y la policía militarizada seguimiento. Las cosas han cambiado para ambos siguen siendo los mismos ", se lamenta.

En la lucha por la justicia internacional

Catalogado como una alternativa a las limitaciones del poder judicial local, la justicia internacional se debatió en el Foro Mundial de Jueces como una manera de combatir la impunidad de los crímenes contra la humanidad. Fueron las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que garantiza, por ejemplo, supera la barrera de protección de la inmunidad de Pinochet y procesar el dictador en España.

"En ese momento era muy difícil de juzgar en Chile. Pero los grupos de defensa de los derechos humanos y de la familia desaparecidos buscaron alternativas fuera del país, apoyándose en el derecho internacional. Estos defensores realizaron una batalla sin precedentes contra los crímenes cometidos en Chile. España no fue el único país que ha aceptado la competencia para procesar a Pinochet por crímenes contra la humanidad ", dijo el español Quinteiro Maria Esther Martínez, miembro de Amnistía Internacional, profesor de la Universidad de Salamanca e investigador de la Universidad de la Sorbona en Francia.

Del mismo modo, el derecho internacional ha permitido a Gran Bretaña para detener a Pinochet durante una visita a Londres, y puede decidir si juzgar su propio dictador o extraditaria de España. "Seguimos adelante por la justicia internacional. Operación Cóndor había exportado los asesinatos del gobierno chileno. Si se exportó el terrorismo de Estado, era lógico que también tienen una justicia internacional ", dijo María Esther.

El resultado fue el proyecto de ley de la historia de la frustración de la salud que acaba de liberar a Pinochet a regresar a Chile. Error justicia internacional que había generado tanta expectativa.

"Pero hemos aprendido mucho en el proceso. A partir de ahí, el tribunal español hizo otras experiencias de este género, la apertura de casos de tortura en contra de la dictadura en Argentina, el interrogatorio de Guantánamo y la guerra en Irak, lo que ayuda en la búsqueda de Bin Laden ", dijo. "La sociedad internacional también se enteró de que era posible castigar a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos dentro y fuera de su país", agregó.

Esta es la lucha que el Foro Mundial de Jueces esperan extendió al mundo de aquí en Belén.