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Jaime Fajardo LandaetaMiembro desde: 26/07/20

Jaime Fajardo Landaeta

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31/08/2020

Elegir personas designadas por el gobierno nacional en los organismos de control atenta contra la división de poderes en un Estado social de derecho

SIN RODEOS

 

¿Hacia el autoritarismo?

 

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

Twitter @JaimeFajardoLan

 

Entradilla:

 

Elegir personas designadas por el gobierno nacional en los organismos de control atenta contra la división de poderes en un Estado social de derecho.

 

A raíz de lo que viene sucediendo en nuestro país puede afirmarse que vamos camino al autoritarismo. La elección de personas designadas por el gobierno nacional en los organismos de control pisotea la división de poderes y permite que el presidente cuente con todas las herramientas que harán posible gobernar sin temor a ser vigilado por la institucionalidad vigente.

 

Sin recato alguno, Duque logró imponer sus fichas en la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, mientras avanza en el propósito de tomarse las cortes, para lo cual arrecia en críticas contra la Corte Suprema de Justicia, atacando cada una de las decisiones que ella toma contra alguno de sus aliados, y en particular contra Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación por la aparente comisión de varios delitos.

 

En esta estrategia ha contado con el respaldo del Congreso nacional, renuente a ejercitar el control político necesario sobre las acciones de gobierno. También cuenta con los partidos políticos aliados, sometidos dócilmente a su designio. Por algo será por lo que no avanzan las investigaciones sobre el escándalo de la Ñeñepolítica y la infiltración de dineros en la pasada campaña electoral presidencial, ni se conocen resultados de las indagaciones relativas a peculados y a casos de corrupción que comprometen a funcionarios nacionales, y proyectos de infraestructura.

 

Igualmente resultan pobres los avances que registran las investigaciones acerca de los múltiples asesinatos de líderes sociales, las masacres de jóvenes, de humildes campesinos y defensores de DD. HH., mientras se desactivan los instrumentos que pretendían garantizar la implementación de los acuerdos de paz, sin que el gobierno se dé por enterado. Pero está presto para la pantalla: cuando se logra la captura de dos de los posibles implicados en el asesinato de cinco jóvenes en Cali, viaja con toda su parafernalia a ofrecer una rueda de prensa y a tratar de demostrar que, ahora sí, “El que la hace la paga”.

 

Ahora bien, la pandemia originada en el covid-19 se convirtió en tabla de salvación para remontar la baja popularidad presidencial, pero en la medida que la ciudadanía ha entendido el comportamiento y autocuidado requeridos, esta vuelve a caer en picada, sin que el Gobierno sepa cómo capotear su desprestigio.

En síntesis, nos estamos alejando de los postulados del Estado de derecho planteado por la Constitución de 1991

 

El desempleo y el empleo informal que nos deja la crisis producida por la pandemia no han recibido la atención debida, y las propuestas de fondo orientadas a paliarlos no aparecen. Pero eso sí, algunos empresarios afines al gobierno impulsan propuestas con miras a una posible reforma laboral que se ocupe del trabajo por horas, el salario integral, el desmonte del sistema pensional y el desconocimiento de derechos adquiridos. Pero es pobre la solidaridad con los más vulnerables en esta crisis social y económica.

 

De otro lado, hemos conocido los llamados perfilamientos y su clasificación según la proximidad con el gobierno o su oposición a él, gestión que concreta un seguimiento continuo a personas e instituciones, principalmente a periodistas y medios de comunicación imparciales en relación con las políticas del gobierno central. Estrategia que en la mayoría de los casos busca acallar las voces opositoras y dar mayor respaldo a quienes colaboran con las políticas gubernamentales. Esta práctica lleva a entrometerse en la vida privada de las personas que tengan un criterio independientes o de oposición, como lo hacen las dictaduras y el fascismo.

 

A todas estas, los grupos armados han copado la mayoría de los territorios que entregaron las desmovilizadas Farc, y someten a sus comunidades. El Estado y el gobierno pierden el control mientras aumentan los reclutamientos forzados, los desplazamientos y el terror generalizado. El origen de este caos está en que este gobierno no concretó en su momento los planes que permitieran capitalizar los resultados de la desmovilización de la guerrilla, y soslayó el desarrollo de la totalidad de la negociación de paz. Pero el discurso oficial sigue apuntando al reproche acerca de los acuerdos firmados por Santos.

 

Más de ocho millones de víctimas siguen esperando conocer la verdad de lo sucedido durante el conflicto armado, acceder a procesos de reparación y a la garantía de no repetición, pero es justamente el gobierno quien actúa en contravía, al tiempo que busca desprestigiar la excelente labor de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Entre otros métodos, utiliza los medios de comunicación para exigirle investigaciones y resultados que no coinciden con su misión, mientras se desentiende del rebrote del fenómeno paramilitar y de las nuevas alianzas políticas criminales que pelechan en las regiones.

 

En síntesis, nos estamos alejando de los postulados del Estado de derecho planteado por la Constitución de 1991; a diferencia de las clásicas dictaduras latinoamericanas, aquí no se requiere de golpes de estado o actuaciones aparatosas: basta con torpedear la institucionalidad desde las altas esferas del poder. Pero prefiero creer que estamos a tiempo de reaccionar, para salvar lo que queda de esta maltrecha democracia.

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