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30/07/2013

Según parlamentarios los esfuerzos realizados por el Gobierno y Carabineros han sido "débiles" y "muy lentos", en la búsqueda de mejorar el desempeño institucional para asegurar los derechos de las personas" en el control del orden público durante manifestaciones públicas

Cambios constitucionales y agilización de los proyectos de ley que buscan excluir la competencia de la Justicia Militar para revisar o juzgar por delitos que comprometan a uniformados, son algunas de la conclusiones y recomendaciones que la comisión investigadora sobre el Derecho de Reunión y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados votará mañana miércoles luego de su trabajo indagatorio, para ser entregado a la sala.

 

"La primera dificultad para lograr una adecuada armonización de los derechos y valores jurídicos en juego (…) estriba en la deficiente regulación constitucional y reglamentaria de tales derechos (sobre manifestación pública o el derecho a la protesta social pacífica). La primera conclusión de esta comisión dice relación con la imperiosa necesidad de actualizar nuestra normativa interna, modificando la Carta Fundamental ", sostiene el documento.

 

En la propuesta se concluye además que los esfuerzos realizados por el Gobierno y Carabineros han sido "débiles" y "muy lentos", en la búsqueda de mejorar el desempeño institucional y "sobre todo" (para) asegurar los derechos de las personas". 

 

Aunque la comisión parlamentaria valora la creación de una unidad de derechos humanos en la policía uniformada, la consideró "insuficiente" al no incluir "órganos disciplinarios para detectar abusos o excesos y perseguirlos de manera independiente y objetiva".

 

"Lo que en la práctica los expone a cometer abusos que comprometen su responsabilidad jurídica como agentes del Estado y, lo que es más grave, atendida la reiteración de los casos de abusos, haciendo que Chile arriesgue su responsabilidad internacional ante los organismos multilaterales de Derechos Humanos", agrega.

 

Otro de los aspectos incluidos es el referido a las denuncias por malos tratos y lesiones físicas "irreversibles" como resultado de la acción policial, aspecto en el que los parlamentarios reparan en las explicaciones dadas por el Gobierno y la jefatura de la policía uniformada, respecto a una "suerte de autonomía de la institución"

 

"Sostener la tesis de una autonomía operativa absoluta (de Carabineros) es impreciso, erróneo y tiende a generar confusión y, lo que es más grave, a excepcionar de responsabilidad política a las autoridades civiles a cargo del área", sostiene el documento.

 

En el documento, los diputados cuestionan el uso "excesivo" del argumento de la flagrancia "para justificar las acciones al margen de la Ley, como fue en el ingreso a la casa central de la Universidad de Chile", en junio pasado.

 

En ese sentido, expresan su convencimiento de que Carabineros debe "ser dotado de atribuciones legales y recursos para enfrentar "el desafío de prevenir y reprimir las actuaciones de grupúsculos minoritarios", y así evitar una serie de irregularidades denunciadas ante la instancia.

 

Entre éstas se cuentan, "detenciones masivas sin discriminación, malos tratos verbales y físicos hacia las manifestaciones, uso abusivo, irracional y desproporcionado de disuasivos químicos, uso de balines de pintura, abuso con detenidos menores de edad", detalla el documento parlamentario.

 

Otro de los aspectos a los que arribó la instancia es sobre el rol del Ministerio Público, por lo que los parlamentarios acordaron solicitar "al señor Fiscal Nacional que disponga, dentro de sus medios, que en casos de manifestaciones públicas, el despliegue de fiscales en las unidades policiales para facilitar la liberación de quienes sean sancionados por faltas menores o eximidos de responsabilidad penal".

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