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Considerando el categórico fracaso de la Constitución de 78, reafirmarse en defender su valor normativo, es cuando menos, una insensatez política por la interferencia que tal actitud induce en la exigible e inevitable formulación de un nuevo proceso constituyente

La Constitución de 1978 que contrariamente a su aureola publicitaria nació contagiada de franquismo hasta su médula, ha demostrado en sus 39 años de vigencia la esterilidad de su contenido, que además de ser un obstáculo para el tratamiento de lo cotidiano, dificultó políticamente la integración del nacionalismo periférico abortando con ello la consumación de una organización territorial integrada  y armónica.

Limitación que además de estar influida por las barreras de su propio contexto, estuvo favorecido por la total falta de voluntad política hacia un pacto federal por parte de unos partidos que radicalizados en su anacrónico estatalismo, siguen auspiciando desde entoncesun exacerbado nacionalismo de signo españolista, que por excluyente, hace imposible conseguir lo que en buena lógica debiera ser compatible.

 Hilvanando la actualidad con el tiempo histórico de redacción de la denominada Carta Magna, decir, que los directos herederos de la línea ideológica del franquismo, llámese Alianza Popular, conjuntamente con destacados miembros del estamento militar de aquel régimen, por su especial control del poder, influyeron activamente para excluir de su texto las aspiraciones del nacionalismo periférico en todo lo relativo al reconocimiento de la realidad plurinacional de España.

Pues en todo momento del figurado proceso constituyente, su objetivo fue impedir que aspectos como la configuración federal del Estado o el establecimiento del derecho a la autodeterminación figuraran en la misma como derechos reconocidos, para evitar en definitiva que enfoques federalistas se impusieran a las posiciones unitarias que ellos defendían, donde la «indisoluble unidad de la Nación española» era quien marcaba la pauta.

 Es por eso que en esa tesitura, sea imposible que a través de la utilización del “conducto reglado”, el nacionalismo periférico pueda constituirse en realidad política genuina, y esencialmente, porque lo que nos metieron en la cabeza en la época del Movimiento Nacional acabó siendo admitido y enaltecido por la propia Constitución, institucionalizando con ello el ideario del nacionalismo centralizador, con la exclusiva finalidad  de asegurar la indisoluble unidad de la nación española y abortar así toda aspiración a la realización de referéndums cuyo resultado pusiese en cuestión su pintoresco concepto de la integridad nacional.

Todo un exponente de resurgimiento del patriotismo más castizo, con su tic específico de autoritarismo añadido, que por sus reaccionarias connotaciones con el hacer político de tiempos pretéritos viene a expresar su negativa a entender que un sistemas democrático efectivo y real se construye, esencialmente, sobre la base de la diversidad y pluralismo social.

Cuando España ya no cabe en su Constitución, sobra decir que la revisión integral de la misma es un todo ineludible

La actual Constitución evidencia notorios vacíos jurídicos y marcado desfasamiento, al ser confeccionada en el inestable marco de la transición, y por tanto, su contenido resulta incoherente con la compleja realidad política que ahora sobrelleva el país, lo que hace que resulte inservible para afrontar eficazmente los desafíos sociales y de emancipación democrática en los tiempos que corren.

Siendo pertinente en consecuencia, instituir un movimiento constituyente democrático-popular en vía a redactar una nueva Norma Fundamental de carácter integrador y opuesta a meros retoques de la existente; con la que poder satisfacer racionalmente los intereses de la mayoría y donde la definición de la estructura del Estado en términos de articulación territorial debiera ser uno de los asuntos capitales de su articulado, pues caso contrario la prórroga de la actual encrucijada está servida haciendo que social y políticamente la exasperación y la divergencia se sostengan en su creciente ascenso.

La obsoleta Ley de Leyes que a pesar de la dilatada temporalidad de su vigencia sus acérrimos defensores se empeñan en mantener invariable, solo fue votada por quienes hoy superan los 56 años, es decir, que alrededor de 22 millones de ciudadanos que actualmente pueden votar no pudieron hacerlo en 1978 cuando tuvo lugar el referéndum constitucional; y tal desfase refuerza argumentalmente la celebración sin demora de ese proceso constituyente de reconducción y adecuación a la realidad social, política y territorial de la nueva realidad del país entendido en concepto extensivo.

Cuando España ya no cabe en su Constitución, sobra decir que la revisión integral de la misma es un todo ineludible, especialmente cuando la vigente se ha mostrado incapaz de frenar su vaciamiento, de poner límite a su gradual sustitución por un invasivo neoliberalismo que además de hacerle perder su dimensión provisoria, ha fulminado el contenido de sus aspectos más garantista sobre derechos sociales cuya vulnerabilidad ha quedado manifiestamente demostrada.

Resultado evidente que tanto para configura un nuevo modelo territorial como para revertir la regresión sufrida, la solución pasa irremediablemente por la instauración de una nueva legalidad democrática

 

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