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Con la que está cayendo, es un error descomunal que el Gobierno del PP deseche una nueva oportunidad para el consenso, y descarte con ello toda opción a la reforma constitucional

El ninguneo del PP al PSOE negándose ahora  a afrontar la reforma de la Constitución que los populares habían aceptado asumir  a cambio que  los socialista apoyaran  la aplicación del artículo 155 en Catalunya, solo puede sorprender a los políticamente incautos, a quienes  aceptan el discurso que describe la Constitución de 1978 como la referencia  genuina de una transición modélica hacia  la democracia.

Sabiendo  que la Constitución además de  propiciar la prolongación del régimen anterior, mantuvo  por relevo generacional la continuidad de su élite dirigente convirtiendo  al PP y a su órbita de acólitos en directos  beneficiarios, resulta obvia la negativa de estos  a mudar el contenido del soporte  que consagró un  marco jurídico  que dio  prórroga al franquismo bajo el camuflaje  de un formato histórico distinto, pero no tan solo por las ventajas reportadas  sino también en razón   a afinidad  y  conexión  política con el mismo.

El régimen no  comenzó en el 78  sino que continuó en el 78, y buena prueba de ello  , es que los Padres de la Constitución fueron cuatro franquistas, un socialista, un comunista y un nacionalista catalán; siendo fácil entender al hilo  de tal correlación política, porqué  se incluyeron en su texto códigos legislativos del franquismo a los que exclusivamente hicieron  arreglo  de maquillaje  para ser insertados en la legislación "democrática", de ahí que en  gran medida su articulado vino a dar continuidad  a legados y vestigios de la dictadura, y eso no podía tener otro camino  en razón a su propia génesis, toda vez que las Cortes del 77 para nada fueron constituyentes,   aún cuando paradójicamente, aquel  poder constituido se  declarase a si mismo constituyente

 Es por eso que para  el PP la Constitución del 78 mantiene  plena vigencia, y por tanto, entienden innecesaria la reforma de su texto, y sostienen  esa   postura «inmovilista» porque el mantenimiento invariable de su contenido les reporta, entre otras,  la ventaja de  mantener la mayoría absoluta en el Senado con solo un tercio   de los votos, a la vez  de permitirles  aplicar recortes en derechos sociales como también  sustentar  el aforamiento de sus miembros. y con ello, posibilitar  que como hasta ahora viene sucediendo,   un grupo limitado de dirigentes políticos, mayormente adictos a las puertas giratorias y la corrupción sigan marcando unilateralmente el rumbo del país.

En la actual coyuntura, cuando más evidente  se hace  la necesidad de una profunda reforma a la Constitución, el rechazo del  PP impide afrontar de forma solvente tal cometido, aún cuando  el contenido de la Carta Magna  no resulta efectiva para resolver  las necesidades actuales de la mayoría de los españoles,   lo que hace   necesario su reemplazo integral por un texto renovado; un contenido adecuado a los tiempos que corren, capaz de afianzar la instauración de un sistema democrático en positivo, que además de establecer las directivas para la organización territorial del Estado haga posible la modernización del sistema político e institucional, y demás aspectos que de forma efectiva   pongan remedio a los impedimentos y limitaciones presentes.

Capaz de resolver asuntos relativos a un nuevo sistema electoral que suponga que el voto de cada persona tenga el mismo peso y valor; de garantizar  la protección de los derechos sociales, como   la defensa de la unidad de España en la plurinacionalidad y el derecho a decidir (incluido referendo); al igual que reformar la justicia para un poder judicial con efectiva independencia y con las manos libres en su  lucha contra la corrupción.

El régimen no comenzó en el 78 sino que continuó en el 78, y prueba de ello, es que los Padres de la Constitución fueron cuatro franquistas, un socialista, un comunista y un nacionalista catalán

Una Constitución de nuevo cuño que contrariamente a la del 78 debe estar  a la altura de su tiempo político y social, una reforma en síntesis, que de respuesta al devenir  de nuestra realidad cotidiana

A pesar de ser   una necesidad apremiante, que  el PP se haya desdicho de lo acordado con el PSOE y niegue justo después de que se constituyera en el Congreso la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico, toda posibilidad a reformar  la Ley Fundamental de 1978, es indicativo  que Rajoy y su séquito quieren dar por zanjado el debate antes de iniciarlo, huyendo con ello  de toda  labor reformadora, y por tanto, indicando con su  proceder su reafirmación en el marco constitucional vigente, sobre el que  no dudan  en  proclamar  de forma reiterada    que  "es la mejor garantía para alcanzar la Justicia y la prosperidad de todos los españoles". 

Un desmarque por tanto,  que vuelve ampliar  el  tiempo de prórroga al régimen franquista y cierra con ello a  cal y canto  toda posibilidad al consenso,   sin el cual, todo intento  de reforma constitucional  resulta un desvarío.

 De ahí que para perjuicio de la mayoría social, y de la buena marcha del país   las cosas se mantendrán en un  estado de  tensión permanente  entre lo viejo que se resiste y lo nuevo que no acaba  de imponerse 

Y mientras tanto el Presidente Rajoy intentará hacernos creer   que la economía va que chuta, y  acabará  diciéndonos   que  “un vaso es un vaso y un plato es un  plato” 

 

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