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Hace 3d

Aunque la Constitución preserva el derecho de los ciudadanos a la información veraz, sí los principales grupos del conglomerado mediático son pertenencia del poder económico, resulta obvio que tal precepto constitucional es tan solo un referente de apariencia

Las últimas encuestas sobre la intención de voto, publicadas  justo antes  del sorpresivo  cambio de gobierno, apuntaban  que  conjuntamente  el PP y Ciudadanos agrupaban mas del 50% de la intención del voto de los encuestados, un dato  indicativo  que cara a los próximos comicios  el triunfo de la derecha era  un todo manifiesto, eso si, adjudicando el liderazgo a la formación naranja.

Pero la  inesperada Moción de Censura  y el hecho de  que prosperase, tiró por tierra  los pronósticos  elaborados en la cocina de los mass media y de  empresas demoscópicas, en cuyos fogones usualmente la élite propietaria de estos medios    en propio beneficio manipulan tendencias y estadísticas  con la exclusiva intención  de modificar en los electores  la percepción de la realidad, para  lograr con ello orientar tendencia hacia sus postulados y poder así  influir en  la voluntad de voto..

Descolocados  por los acontecimiento la reacción al  varapalo recibido no se hizo  esperar,    y dos días después de que Sánchez se instalara en la Moncloa y constituyese su Gabinete, para sorpresa general,   un nuevo trabajo demoscópico mudaba en lo sustancial el contenido del divulgado anteriormente tan solo  ocho  días atrás, elevando  en tiempo récord  al PSOE del tercer puesto al liderazgo de la intención de voto en una permuta que sitúa Ciudadanos en su lugar en un  desplome sin precedentes.

Sustanciales  flutuaciones en exigua temporalidad, que denotan una notoria  falta de rigor,   que viene a indicar la  nula fiabilidad que merece la función desempeñada   por los  "dueños de la intención de voto" y  el perjuicio que el desarrollo de su trabajo está causando  al tránsito  de la vida democrática.

Y ese deterioro existe,   porque el resultado de las  encuestas preelectorales y la opinión política  de  los medios de comunicación influye mas en la decisión del elector  que  el debate democrático de contraste de opiniones y de  propuestas reales, generando tal circunstancia  una opinión pública adulterada,   es decir, exenta  de datos sociológicos convincentes por tratarse de montajes “teóricos” simulados que son manejados   y conducidos por los poderosos grupos de comunicación social como instrumento primordial de su propaganda  en su afán de condicionar el poder; con el agravante que cada vez son mas numerosos los  medios  que  emplean estas prácticas.

Al margen de puntuales excepciones, en las últimas décadas los medios de comunicación de masas agrupados  en torno al denominado "cuarto poder" y las empresas demoscópicas de acompañamiento,   han perdido al completo  su  imparcialidad y pluralismo, pudiendo confirmarse  que  en la actualidad  los mass media están totalmente dominados  por  el poder económico en formato de gran conglomerado mediático utilizado como caja de resonancia  transmisora  de mensajes disfrazados de verdad e informaciones interesadas, al solo efecto de  satisfacer  sus expectativas desde el punto de vista económico, influyendo en la población mediante la  manipulación informativa con la finalidad  de mantener e incrementar  sus índices de  poder.

Las principales cabeceras de la prensa española son la plasmación de un divorcio con la verdad,

 La concentración en pocas manos de los medios de comunicación hace tiempo que ha rebasado las mas elementales reglas de funcionamiento democrático y auspiciado la entrada  en escena  de prácticas beligerantes propias de tiempos pretéritos, generando  desde su imperialismo mediático   una confrontación  del poder  del dinero contra el poder de los electores en un claro intento de secuestrar la voluntad popular  a través del bombardeo propagandístico.

Una perniciosa extralimitación de funciones donde se reemplaza el periodismo de información por tendenciosas campañas demoscópicas de persuasión política  y adoctrinamiento electoral, pues contra toda lógica, la suya es una  a acción estratégica orientada al servicio y beneficio  del Establishment, o lo que es lo mismo, a  satisfacer   a sus propios dueños.

Las principales cabeceras de la prensa española  son la plasmación  de un divorcio con la verdad, desde el punto y hora, que las noticias no son redactadas en sus justos términos sino tergiversadas en arreglo a los perjuicios  ideológicos de cada medio, un comportamiento  que  por carencia de honestidad   sitúa  a  esta órbita  del  periodismo  como  la segunda profesión peor  considerada  del país  y a los medios  de comunicación españoles  en  los de más baja credibilidad de toda Europa.

La desconfianza en estos medios se ha hecho mas patente    cuando  en coincidencia con la crisis de 2008, los bancos permutaron su deuda viva en los principales medios por acciones compensatorias, convirtiéndose en  propietarios y administradores de su línea editorial que a todas luces es diametralmente opuesta a la pluralidad informativa.

Ante tal tesitura, las formaciones políticas de signo progresista deben  afrontar  el desafío que representa la alianza  conformada  por el poder económico y el poder mediático; partiendo de la premisa   que la instauración de la democracia real lleva implícito  su democratización,   en consecuencia, debieran rellenar el vacío legal existente  articulando   de una vez por todas un  marco regulador de la actividad de  estos poderes fácticos  en relación y adecuación al principio  de representación institucional, porque el poder político es elegido en las urnas, contrariamente  al poder mediático y económico que se arrogan atribuciones  que democráticamente  no tienen conferidas.

Resultando inadmisible por ello, que siga siendo este tándem quien marque  del rumbo al país 

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