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Hace 19h

La Constitución del 78 asimilada al aparente auge de la transición, perdió toda fiabilidad tras la unilateralidad política que rodeó la reforma de su artículo 135, que exige un proceso constituyente que coloque los derechos de las personas por encima de las apetencias de los mercados

La cerrazón  del PP  a cambiar  la obsoleta Constitución del 78,   aún sabiendo que por ser engendrada en el marco de las  cortes franquistas  está  contagiada  en su contenido  por la legislación gestada  en el seno del  antiguo régimen; testimonia que para  ellos, a pesar de las enrevesadas   connotaciones con tiempos pretéritos,   mantiene  plena validez, y como acérrimos defensores de la misma harán lo materialmente indecible  por mantener invariable su literalidad, salvo que la postulación de mutabilidad venga acuñada por los mercados financieros con los que se conducen  con amplia  flexibilidad.

Conducta que entra en colisión   con otros enfoques divergentes que aconsejan justo  lo contrario y que demandan  su adecuación a la realidad de  los nuevos tiempos,   partiendo  de un hecho contundente, tal es que alrededor de un  65% de las personas que actualmente  tienen derecho  votar en España no lograron  hacerlo cuando en 1978 tuvo lugar el referéndum constitucional, es decir, que nadie de los que actualmente  tengan   cumplido  57 años pudieron ejercer el derecho de sufragio  en aquel plebiscito,   por el mero hecho  de no haber alcanzado la edad reglamentaria para hacerlo.

Considerando  que en este momento son  13 los millones de personas que superan  dicha   edad de  un total  de 36, 5 millones  que conforman el actual censo electoral, ello viene a indicar  que a tiempo presente el  respaldo efectivo  de votantes   que refrendaron  el  referéndum ha de situarse en la cifra efectiva  de 7, 9 millones, cuantía  que en  adecuación a la realidad  viene a correr el velo para  revelar  que  la Constitución del 78 tan solo cuenta  hoy por hoy   con el refrendo del 20% de la  población con derecho a voto, pues los nacidos después del año 60 no pudieron hacerlo,   lo que indica que 28, 6 millones de ciudadanos aún  estando   sujetos a su   disciplina, se ha  de constatar   que  no tuvieron ni voz ni voto  sobre la misma.  

Hecho que tira por tierra la legitimación esgrimida  de forma iterativa desde los foros oficiales al omitir intencionadamente la influencia   del cambio generacional con la intención de dar por cierta  la mentira y así seguir manteniendo  que su  implícito está   sustentado por una  mayoría de la población;  cuando la realidad de los hechos  confirma  que en la actualidad  hay menos personas vivas que votaron la Carta Magna  que aquellas que no han conseguido decidir sobre la misma, y por  tanto, argumentos sobrados  para insuflarle vida a la “Constitución de los muertos”,    a través de un  nuevo proceso constituyente que contrariamente a lo que ahora ocurre,   sitúe  los derechos de las personas por encima de los beneficios de unos pocos.

Un repaso crítico a su acatamiento  así lo trasluce,   considerando  que el cumplimiento formalista de su contexto se enmarca en  aspectos relacionados exclusivamente con el  ámbito institucional, como las  Comunidades Autónomas,   las Corporaciones Locales, las Cortes Generales, el Poder Judicial, el Gobierno y  la Corona.

El edificio constitucional del 78 fue construido sin cimentación democrática, lo que indujo una insuficiencia de solidez estructural que propiciò su paulatino debilitamiento

No debiendo  pasar inadvertido que en lo relativo a la  esfera social,    más de una veintena de artículos consagrados  como derechos inalienables de la ciudadanía, fueron repetidamente incumplidos cuando no vulnerados directamente, como así  ocurre con  los conectados con  el derecho a la intimidad, la libertad ideológica y religiosa, el deber y derecho al trabajo, la seguridad social, la redistribución de la renta, protección social, cultura  y muchos aspectos más, cuya inobservancia pone  de manifiesto que su quebrantamiento continuado  lejos  de  garantizar el cumplimiento  de  los derechos sociales, induce un demérito    en la dignidad de las personas que   pone en tela de juicio la propia solvencia del marco  constitucional

Dicha deriva  se debe fundamentalmente a que el  edificio constitucional del 78 fue construido sin  cimentación democrática,  circunstancia que indujo una insuficiencia de solidez estructural que facilitó su debilitamiento ante  la bomba de relojería que representó  la reforma constitucional del artículo 135 que al margen  de  la opinión de la ciudadanía fue  impuesta parlamentariamente vía urgencia en modalidad de  unilateralidad compartida, y  consumada  al unísono por el PP y el PSOE.

Facilitando la entrada en escena  de  políticas  ya ensayadas con anterioridad en otras latitudes,  cuya finalidad no fue otra que la constitucionalización de la política económica neoliberal de constatables consecuencias anti-sociales y anti-democráticas, un modelo tan sumamente cerrado que además  de restringir severamente los márgenes de actuación de los parlamentos cerró el paso   a toda alternativa de  políticas de signo opuesto

Una servil contra reforma  constitucional, marcadamente adversa  cuando no suicida, de la que a pesar de todo el Presidente Rajoy sigue ejerciendo  de pregonero, aun cuando desde su aprobación   su puesta en práctica  no surtió efecto alguno   en los intentos de reactivar y reorientar el sistema productivo, ni tampoco como generador significativo de empleo, y que para mayor complejidad   ocasionó un impacto mas demoledor en  nuestro país    por su  condición geopolítica como periferia de la eurozona.

Una contradicción  mas  de los autoproclamados  constitucionalistas, pues al anteponer   su unilateralidad  relegando  la utilización del  plebiscito  pusieron de manifiesto  su corto recorrido  democrático que invalida  por inconsecuente la   reprobación que ellos mismos dirigen cotidianamente  hacia  el  unilateralismo nacionalista.

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