La legislación económica en materia de patrimonio documental

Cada comunidad autónoma, de hecho, tiene su propio patrimonio documental y un corpus legislativo que regula su uso y su gestión. Si los documentos son tan importantes en el estado de derecho y en la democracia es, entre otras cosas, porque engrosan la memoria histórica de nuestro país, y porque son el fiel reflejo de las funciones y las actividades de cualquier institución pública o privada, y de cualquier persona física o jurídica.

Eso significa otra cosa: las infracciones en materia de patrimonio documental cuestan caras, y en cada comunidad autónoma supone sanciones administrativas que pueden ser más o menos elevadas en función de si se aplican atenuantes o agravantes. Es importante tener esa cuestión en mente a la hora de manipular documentación pública valiosa en cualquier archivo gestionado por la comunidad autónoma o por el estado, ya que la cuantía de la multa quizá sea tan elevada que nos impulse a la necesidad de recurrir a prestamistas o a gastarnos en ella todos nuestros ahorros. En cualquier caso, el Patrimonio Documental debe ser conservado.

Aunque cada CCAA regula sus propios regímenes jurídicos y sus propias sanciones en materia de patrimonio documental y sistema de archivos, hay una serie de elementos en común que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, las infracciones en materia de patrimonio documental en el ámbito de las comunidades autónomas, que beben todas de la misma legislación, recogida en parte en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. N dicha ley se especifica la diferencia entre infracción leve y grave, cuáles son y cuál sería la cuantía de la multa.

Por lo tanto, y si bien siempre es posible emplear préstamos rápidos sin preguntas de WannaCash.es en el pago de esa multa si no es excesivamente elevada, conviene tener en cuenta que se considera delito violar las leyes de patrimonio documental, contribuir a una mala conservación, destruir documentación valiosa o impedir la consulta de documentos, pues el acceso es un derecho constitucional.