Fuentes judiciales y del entorno del magistrado instructor de la causa por el referéndum ilegal del 1 de octubre han desvelado este lunes a la Cadena SER que el magistrado del Tribunal Supremo no comparecerá ante la Justicia belga por la demanda impuesta por el expresident de la Generalitat y los exconsellers huidos, en la que acusan al juez de no ser imparcial y piden que se le condene a indemnizarles simbólicamente por daños morales.

Las mismas fuentes han desvelado que será el despacho de abogados designado por el Gobierno el que defienda la integridad jurisdiccional española y al juez del alto tribunal de la demanda interpuesta por el expresident, CarlesPuigdemont, y los cuatro exconsellers fugados: Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

En la demanda impuesta se pone en duda la imparcialidad del magistrado y se acusa al Estado español de cometer "vulneraciones sistemáticas de los derechos fundamentales". A diferencia de la acción penal, en una demanda civil la comparecencia ante el tribunal es una carga procesal y no un deber jurídico. Las fuentes añaden que el procedimiento puede continuar con el demandado en situación de rebeldía y que será la parte demandante la que debe demostrar que sus acusaciones contenidas en la demanda son ciertas.