Recordemos que en el mes de mayo, Renfe retiró una licitación por valor de 494, 40 millones de euros que dista mucho de la actual, que se presenta con 122, 5 millones de máximo fijo y por un periodo de 5 años que no garantiza la ocupación para un 60% de la plantilla, a pesar de las garantías que de palabra ofrece el Grupo Renfe y el Ministerio de Transportes.

Para una plantilla de casi 2.000 trabajadoras, las informaciones que se han filtrado del contrato de licitación suponen, con las condiciones actuales, que solamente podrán abonarse salarios al 40% de la actual plantilla. Mermando además, las condiciones de viaje de miles de usuarios que verán sustituidas las prestaciones a bordo por máquinas autoventa y de una vigilancia adecuada en la cadena de mantenimiento alimentario de los productos que en ellas se puedan expender.

El PSOE y su ministro más carismático vuelven la espalda a las trabajadoras

 Desde CGT, no podemos compartir los criterios del Ministerio de Transportes ni del Grupo Renfe, para sacar esta licitación adelante. Consideramos que las apuestas por nuevas formas en la prestación de los servicios a bordo no pueden recaer en las trabajadoras y el abandono de casi 1.000 trabajadoras, tampoco en las condiciones laborales del resto.

 Tanto este gobierno como el Grupo Renfe (empresa pública), tienen el compromiso de salvaguardar el empleo por encima de criterios economicistas que van a generar situaciones dolorosas de precariedad y pobreza. En una situación de crisis económica como la actual cualquier decisión de esta índole debe pasar por la negociación de las partes y el respeto a la dignidad de las personas.

De nuevo, las crisis económicas recaen sobre las espaldas de la clase trabajadora