El presidente peruano, Ollanta Humala, afronta su peor crisis un año antes de terminar su mandato, después de que el Congreso censurase a su primera ministra y le obligara a buscar un reemplazo que debe ser validado por un Parlamento donde no tiene mayoría.

Ana Jara fue censurada por 72 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones, decisión que obliga a Humala a renovar por séptima vez a su primera ministra en cuatro años de gestión.

Al empezar su quinto y último año, previo a las elecciones generales, se ha tensado el clima político e intensificado las protestas sociales.

La hasta ahora primera ministra es considerada responsable política del rastreo a legisladores, periodistas, empresarios y centenares de ciudadanos por parte del servicio de inteligencia. "Doy gracias al señor Jesús por haberme dado la oportunidad de servir al país desde el Ejecutivo. Es una honra que el Congreso me censure", dijo Jara en su cuenta de Twitter.

Humala tiene 72 horas para aceptar la renuncia y buscar el reemplazo.

- Rastreo a políticos -

El 19 de marzo, la revista Correo Semanal difundió un archivo digital con la lista de diversas personalidades peruanas que presuntamente fueron investigadas por unos agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), entre ellas, políticos y sus familiares, periodistas, empresarios y miles de ciudadanos.

Tras revelarse el caso, Jara, quien en julio cumplía un año en el cargo, fue citada al Congreso, donde informó de que pidió una investigación fiscal y detalló que la búsqueda de datos se remontaba por lo menos a dos gobiernos previos.

"Esto data del 2005. Pasó durante el gobierno de Alejandro Toledo, durante el de Alan García y no se hizo nada. Ahora, a quien toma una acción (de investigar), se le quiere censurar", dijo el congresista oficialista Víctor Isla durante el debate.

"Aunque ella no ha dado instrucciones para que esto ocurra, es evidente que en política hay que asumir responsabilidades", consideró por su parte el opositor Javier Bedoya.

El gobierno dispuso a inicios de febrero el cierre temporal de la DINI, entidad acusada de espiar tanto a autoridades de gobierno como a opositores.

- Panorama complicado-

La decisión del Congreso obliga también al resto de ministros a poner sus cargos a disposición, aunque pueden ser ratificados por el nuevo jefe del gabinete.

El desgaste del gobierno y la falta de mandos políticos en la recta final, pueden hacer difícil al mandatario conseguir una figura de consenso.

En caso de que el Congreso rechace al primer ministro reemplazante, el presidente tiene la facultad constitucional de disolver el Parlamento y convocar a elecciones legislativas.

En febrero, y también bajo amenazas de censura, Humala debió cambiar a cinco de sus ministros para calmar el clima político y tender puentes con la oposición. Entre ellos sacrificó a su popular ministro del Interior, Daniel Urresti, quien admitió el uso de armas letales para reprimir una protesta contra la compañía Pluspetrol, donde murió un manifestante y decenas resultaron heridos en la localidad selvática de Pichanaki.

El panorama para Humala, que cuenta con un 22% de aprobación, se complica además porque su esposa y líder del gobernante Partido Nacionalista, Nadine Heredia, es investigada por lavado de activos, al igual de que su principal aliado, el exgobernante Alejandro Toledo.

Paralelamente, el gobierno de Humala ha debido afrontar una serie de protestas, principalmente contra la industria de extracción de recursos naturales, importante actividad productiva del país, con nativos que reclaman una retribución por el uso de sus tierras y denuncias por daños en el medio ambiente.

La censurada ministra Jara ha tenido una participación activa en la mediación de conflictos, logrando apaciguar algunos de ellos en la Amazonia. Se esforzó además por tender diálogos con la oposición.

Perú, el quinto mayor productor mundial de oro, registró un crecimiento económico del 2, 35% en 2014, el menor en cinco años, golpeado por un retroceso en minería y pesca, sus principales actividades productivas.

Es la tercera vez en la Historia que el Congreso peruano censura a un primer ministro en los últimos cien años.