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Los funcionarios de sanidad dejarán de serlo si quieren seguir trabajando

03/04/2013 17:30 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Lunes 25 de marzo. Sólo tres días antes de que comenzara la Semana Santa, el gobierno autonómico de Ignacio González (PP) publicaba en el boletín oficial de esta región su Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud.

Esta iniciativa incluye ‘el procedimiento para la integración voluntaria del personal funcionario (…) como personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud’. De este modo, los funcionarios de carrera -cuya vinculación a la Administración es fija tras la conquista por oposición- dejarían de estar sujetos a la Ley de Función Pública y verían modificado su régimen al pasar a ser estatutarios, con lo que aspectos como pensiones o antiguedad se podrían ver afectados.

No obstante, el problema no es ese, sino la presión que la Administración hace al personal sanitario. En concreto, si se opta ‘por permanecer en activo en la actual situación, las comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas’ alejándoles de sus actualues funciones como médicos o enfermeros por ejemplo.

Pasar de funcionario a estatutario o el destierro a instituciones administrativas no sanitarias: éstas son las dos opciones que tienen los profesionales de esta sanidad pública tras la entrada en vigor del proyecto, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado marzo. La Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) considera que la medida afecta directamente a los médicos de cupo y zona, por lo que el fantasma de la oficina (sin funciones asistenciales) a quien asusta es al resto de funcionarios.

Los casi 80.000 empleados del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), que ya fueron llamados el pasado noviembre a una huelga total contra la política de privatizaciones, se enfrentan de nuevo a problemas. De este número, y según los datos del director general de Recursos Humanos de la sanidad madrileña, Armando Resino, un 80% son estatutarios.

La estatutarización, que es ‘voluntaria e individual’, no lesa ni disminuye los derechos sociales que se disfrutaban, pero sólo hasta que se negocie un acuerdo concreto, como recuerdan desde CCOO.

Mientras tanto, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España remite al Colegio de Médicos de Madrid, que a su vez cede la palabra a los agentes sociales. En concreto, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos subraya que el plan, ‘de voluntario, no tiene nada y que además va contra los derechos adquiridos’. La Amyts, también en esta línea, alerta de que las condiciones sólo se mantendrán hasta que se apruebe una norma de desarrollo. ‘Y tienen prisa’.

¿Adiós a la oposición?

Amyts también hace hincapié en los ‘daños colaterales’ de esta iniciativa. ‘No se respetan los derechos adquiridos en función del tipo de oposición, lo que podría dar lugar a reclamaciones individuales. Esa obligación de pasarse a estatutario, aunque ahí ya se entra mucho en casuísticas personales, sólo pretende adelgazar el servicio público y dar un paso más en la privatización de la gestión sanitaria que, además, no implica ahorros’, subraya Amyts.

imageAsí, la inmensa mayoría de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial (entre los que se incluyen Amyts, CSIT, CCOO, UGT y USAE) rechaza el plan, mientras que SATSE (una asociación de enfermeras) le dio su apoyo ‘parcial’, criticando el concepto de ‘movilidad forzosa’.

Sin embargo, la Central Sindical de Funcionarios (CSI- F) resalta que la diferencia es ‘mínima’ y que, ‘salvo en los médicos de cupo y zona -una figura a extinguir que trabaja menos horas que las siete diarias y que sólo cuenta con tres centenares de representantes-, apenas hay diferencias: retributivamente funcionarios y estatutarios están a la par, la estabilidad del empleo es la misma, ambos van por lo contencioso-administrativo, las carreras profesionales, guardias y trienios son parecidas… La única diferencia es que ahora se pueden ver inmersos en proceso de movilidad’, sentencian. La CSI-F, para terminar, opina que la Comunidad de Madrid pretende ‘ordenar sus recursos humanos sí o sí, pero que no hay nada agresivo en esto’.

Pese a esta versión, la Amyts sigue poniendo el grito en el cielo. Para esta confederación madrileña, ‘estamos ante una transformación muy radical, ante un cambio absoluto de modelo de sistema de salud. Ya no es ser funcionario o estatutario, es que no se respeten los derechos fundamentales’.

‘Madrid sólo aplica la norma del Ministerio’

La Comunidad, por su parte, se escuda en que Madrid sólo aplica ‘una normativa superior, la del Gobierno de la Nación’. Desde la Consejería del ramo se lamenta la ‘actual situación’ de crisis de la autonomía, antes de subrayar que estamos en ‘un Estado de Derecho y que el Ejecutivo tiene derecho a dictar normas, aunque luego -si se quiere- se impugnen ante la Justicia’. En concreto, Resino se queja que tras una ‘negociación, aunque no se suscribiera’, luego se opte por ‘interpretaciones parciales’.

imageSegún Resino el plan tiene muchas partes -movilidad, jubilación, etcétera- y no sólo hay que fijarse en la estatutarización ‘voluntaria’, que según fuentes oficiales consultadas apenas se aplicaría en su posibilidad más negra a un millar de trabajadores.

Así, el padre del plan descarta pronunciarse ya sobre ese exilio a puestos no sanitarios que contempla el proyecto. ‘En los próximos días tendremos que publicar la orden y ver cuántos quieren acogerse voluntariamente y cuántos no: entonces será el momento de atender estos problemas’, apostilla Resino.

Mato como inspiradora

El plan de González y de su consejero, Javier Fernández-Lasquetty, constituye -según sus críticos- un paso más en la apuesta privatizadora de la gestión sanitaria madrileña, adapta el Estatuto Marco del Personal Estatutario y bebe del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Esta reforma del ministerio de Ana Mato afectaba a más de 4.000 profesionales (unos 3.500 médicos, 500 enfermeros y un menor número de matronas) que accedieron al cuerpo de funcionarios mediante oposición, la última vez en 1982.

La Organización Médica Colegial (OMC) tachó entonces la norma de ‘desagradecida’. ‘Básicamente es una expropiación de tu puesto de trabajo’.’Que me expliquen qué significa y dónde voy, si a Hacienda a pegar sellos o a Agricultura’, se preguntaron entonces desde la OMC.

¿Recurso al Constitucional?

Por otro lado, existe el problema de que la normativa básica sobre la función pública es dictada por el Estado, por lo que -esgrimen los afectados- debe ser el Estado el que resuelva y no las comunidades autónomas.

De hecho, hay profesionales que aseguran que esa falta de determinación estatal podría ser considerada inconstitucional, antes de subrayar que los funcionarios públicos tienen unos derechos que emanan de la propia Carta Magna.

No obstante, los sanitarios madrileños recuerdan que ellos solos no pueden interponer un recurso ante la sala, por lo que ya se han puesto en contacto con la defensora del Pueblo. ‘El objetivo es hacer presión, porque nos gustaría que el Tribunal tomara cartas en el asunto’, zanjan desde Amyts. Pese a ello, Soledad Becerril no ve inconstitucional la externalización sanitaria.

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