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Víctor Hugo Vargas Huichalaf, de 30 años, el pasado 13 de septiembre agredió a su hija provocándole una lesión cerebral y fracturas en la clavícula izquierda y en tres costillas
Una investigación por el delito de parricidio frustrado formalizó este jueves la fiscal jefe de Valdivia, Tatiana Esquivel López, en contra de Víctor Hugo Vargas Huichalaf, de 30 años, quien el pasado 13 de septiembre agredió a su hija de 16 días de vida, provocándole una lesión cerebral y fracturas en la clavícula izquierda y en tres costillas.
Producto de estas lesiones, la lactante se encuentra internada con riesgo vital en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital Clínico Regional de esta ciudad, conectada a un respirador mecánico y con convulsiones aisladas.
La denuncia en contra de Vargas Huichalaf fue presentada ayer a la Fiscalía por la jefa de Pediatría del recinto asistencial, luego de que la madre de la menor la llevó a que le prestaran atención médica pues presentaba convulsiones.
Víctor Hugo Vargas Huichalaf, de 30 años, el pasado 13 de septiembre agredió a su hija provocándole una lesión cerebral y fracturas en la clavícula izquierda y en tres costillas
En la audiencia de formalización de la investigación, que se efectuó en el Juzgado de Garantía de Valdivia, la fiscal Esquivel comunicó al imputado que los hechos por los cuales se le investiga tuvieron lugar el domingo 13 de septiembre en su domicilio ubicado en el campamento "Amor y Esfuerzo" de la población Los Jazmines, cuando agredió a su hija María Paz Vargas Herrera sacudiéndola con fuerza y arrojándola sobre el colchón, y posteriormente sobre los brazos de su madre.
La conducta del imputado fue motivada "porque reprocha la existencia de la menor por el hecho de ser mujer", según consta en la carpeta de investigación por el relato de testigos, precisó la fiscal, según informó diario El Austral de Valdivia.
A solicitud de la fiscal Esquivel, la jueza Liliana Acuña dictó la medida cautelar de prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Valdivia, por considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, otorgó a la Fiscalía un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.