Hay coincidencias reveladoras, concurrencias que por confusas, ponen de manifiesto la difícil relación entre ética y política; son situaciones que dejan al descubierto la falta de escrúpulos de la clase política, quien salvando matizadas excepciones, mas que identificarse con acciones de correcta actitud en provecho del interés general; independientemente de las ideas, sus protagonistas, funcionan como un colectivo de individuos despolitizados, una casta corporativa cohesionada, cuya única pretensión es la autoperpetuación en el cargo, para desde tal ventaja ejercer en exclusiva la defensa de sus propios intereses.

Indecente conducta de quien, además de abandonar su compromiso de representación, prodiga el triunfo de lo ilícito facilitando que se imponga la barra libre de la corrupción, que por el relajamiento de los principios éticos y la violación del deber institucional ha llegado alcanzar carácter orgánico.

Por eso que en la actualidad, cuando judicialmente se hace patente la identidad de corruptores y corrompidos y, aun a sabiendas de estar ante una práctica contraproducente para el desarrollo económico y social del país; las fuerzas políticas involucradas, lejos de reconocer su implicación en los hechos y evacuar responsabilidades a través de acciones de lucha contra esta pandemia; a pesar de la contundencia de lo evidente, prosiguen en su obstinación de negar su existencia, sin caer en la cuenta, que ocultar la corrupción es idéntico a compartirla.

Ni qué decir tiene que tras esa negativa a cambiar el estado de las cosas, subyace el irrenunciable empeño en mantener la opacidad como regla de competencia a fin de proseguir la actual dinámica de adjudicación en los procesos de licitación pública, dando continuidad a la abusiva figura del concurso frente a la subasta, y eso, en razón a que el concurso por bien estructurado que esté, siempre ofrece un margen de discrecionalidad a la hora de evaluar sus contenidos cualitativos, extremo que facilita, que políticos y funcionarios implicados en el procedimiento puedan dirigir a su criterio el sentido de la adjudicación.

Interesado formato por tanto, para quienes persiguen utilizar esa discrecionalidad en beneficio propio, pero fatalmente pernicioso, cuando el manejo de tal recurso no cuenta con sistemas de control adecuados y por excedido atropello pasa a convertirse en un detonante de corrupción.

Tras esa negativa a cambiar el estado de las cosas, subyace el empeño en mantener la opacidad como regla en los procesos de licitación pública,

De ahí que sea esta y no otra, la razón mas relevante porqué la contratación pública deba identificarse como la actividad de gobierno más vulnerable a la corrupción, y la causa principal de este problema es sin duda la concentración del poder político.

Por eso, que aunque Rajoy niegue que España es un país corrupto, o manifieste que tal afirmación es terriblemente injusta por inadecuada y aleatoria, lo cierto es, que nuestro país tiene 1.661 causas judiciales abiertas por corrupción política.

También cuando las grandes constructoras aseguran que cualquier relación de su colectivo con presuntos casos de corrupción es un sambenito más del sector que nada tiene que ver con la realidad; están ocultando que algunas de estas empresas constructoras, además de aparecer como donantes de grandes sumas, hicieron ingresos directos en cuentas abiertas por Luis Bárcenas en Suiza, como pago de peaje por los lucrativos contratos públicos que lejos de lograrse por conducto reglado, fueron "adjudicados a dedo" por administraciones gobernadas por el Partido Popular y, cuya cuantía excede los 6600 millones de euros.

De ahí, que ante la contundencia de las pruebas sea totalmente inaceptable que los directos implicados, en vez de afrontar la realidad de los hechos y poner remedio a la situación, intenten aliviar responsabilidades a través de versiones absurdas para convencernos de su inocencia, cuando el camino pasa por la instauración de un cambio dirigido a reconquistar la honestidad en la función pública; pues la persistencia de la corrupción además de crear inestabilidad política deteriora el entorno de las actividades económicas afectando a factores claves en la salida de la crisis y muy especialmente a las Pymes, motores de desarrollo y de creación de empleo, pero extremadamente vulnerables cuando entra en juego la corrupción.

En línea a lo expuesto, es deducible que ante la complicación que representa el fenómeno de la corrupción resulte imprescindible que expertos en materia afronten con urgencia la redacción de un estudio analítico, que aborde su naturaleza y efecto, y a siguiente paso, utilizar las conclusiones para elaborar unas directrices prácticas con las que afrontar su proceso de erradicación y el rescate parejo de la transparencia democrática, poniendo especial énfasis en recuperar el concepto de servicio público de la política.

Eso ha de ser así, porqué también los muy patriotas además de entonar su himno deben lavar la bandera.