Tal ha sido su impacto que actualmente se cuenta con un sinnúmero de organizaciones tanto internacionales como nacionales dedicadas al cuidado y promoción del medio ambiente alrededor del mundo.

Por lo general como lo plantea Smith (1996, p.12), estas organizaciones operan a través de instituciones gubernamentales, las cuales requieren una gran cantidad de información relacionada con el problema ambiental que se desee analizar, para conseguir dicha información hace falta un gran esfuerzo tanto financiero como de personal especializado; posteriormente se requiere analizarla información y establecer criterios para tratar el problema y las posibles medidas a realizar, las cuales dan como resultado nuevas normatividades e impuestos a las actividades relacionadas.

El esquema anteriormente descrito es ineficiente, costoso y corruptible ya que es puesto en marcha por agentes externos, los cuales carecen de incentivos reales para lograr el correcto cuidado del medio ambiente de manera eficiente y transparente. Ante dichos problemas se propone a la ecología de mercado como el esquema apropiado para la preservación del medio ambiente.

El propósito de este escrito es analizar las virtudes que tiene la ecología de mercado para la protección efectiva del medio ambiente y comparar este enfoque con el ambientalismo político bajo los criterios de eficiencia e incentivos. La ecología de mercado, sustentada en la definición y protección de los derechos de propiedad permite como lo presenta Smith (1996, p. 32) internalizar los beneficios y riesgos asociados a las actividades que afectan el medio ambiente, logrando así que los individuos actúen de forma tal que generen un sistema eficiente y propicio para la preservación.

Fallas de mercado o ausencia del mismo

Tradicionalmente se atribuye a las fallas de mercado parte de los problemas ambientales, planteando que por medio de las externalidades de la producción y el consumo se puede afectar el medio ambiente sin que este sea el propósito. El problema radica en que cada individuo por sí mismo no se ve obligado (ni motivado) a modificar su comportamiento porque no le afectan directamente y no tiene establecida una responsabilidad, es entonces donde el Estado supuestamente debe regular por medio de impuestos, tarifas, tasas, subsidios, permisos de emisión, entre otros. Sin embargo, como se planteó anteriormente, un esquema de este tipo adolece de numerosos problemas como altos costos de financiación, requerimiento de personal técnico para realizar los estudios, burocratización de los procesos y la alta vulnerabilidad ante la corrupción.

Es necesario analizar más de cerca el problema planteado para proponer una solución, Como lo plantea Adler (1995, p.4) al citar a Smith (1992) que en vez de tratar a los fallos de mercado como generadores el problema, se debe entender como el fracaso de no permitir la creación de mercados en donde todavía no existen y tienen mucho que ofrecer.

Cuando se establece un mercado, lo que antes eran externalidades se internalizan, haciendo que los individuos tengan en cuenta los posibles resultados de sus acciones ya que estas podrían generar beneficios o perdidas. Es aquí donde individualmente se despliegan esfuerzos para la investigación, innovación y control de las actividades relacionadas con la contaminación, generando mayor eficiencia de la que podría darse mediante regulaciones gubernamentales. El individuo no tiene motivos para demorar los procesos, gastar más de la cuenta o permitir la corrupción; todos los efectos recaen sobre su patrimonio de forma positiva o negativa según el caso, en cambio el gobierno gasta el dinero de los contribuyentes y ciudadanos, si se generan pérdidas, a ningún gobernante le llega la factura de cobro.

Como lo muestra Smith (1996, p.47) un buen ejemplo del potencial que tiene la propiedad privada para coordinar las bondades económicas y ecológicas es el del Rainey Wildlife Refuge. Se trata de una reserva, propiedad de una asociación ecológica que está ubicada en medio de un importante yacimiento marítimo de petróleo. La asociación en vez de dedicarse a atacar la explotación decide comprar el terreno y permitir la extracción limitándola estrictamente para reducir el impacto sobre el ambiente. El dinero generado por el petróleo ha sido destinado al cuidado de la naturaleza, este lugar es referido como un modelo de coordinación entre el mercado y el medio ambiente.

La ecología de mercado presenta muchas herramientas que nos permiten identificar como debe ser el comportamiento de la economía en el manejo de los recursos naturales

La propuesta consiste en dejar de un lado las concepciones morales y vincular la ecología y la economía, al  generar derechos de propiedad sobre una especie en peligro por ejemplo se le otorgando un defensor con los incentivos correctos para su preservación ya que haría parte de su propiedad. Solo hasta que el potencial del mercado y la propiedad privada sean aprovechados por la naturaleza seremos capaces de proteger el medio ambiente.

Ecología de mercado versus ambientalismo político

Para profundizar en la discusión es necesario analizar las bases teóricas y prácticas de estos dos enfoques para identificar sus virtudes y falencias, lo que nos permitirá reconocer con mayor facilidad las estructuras necesarias para la protección de la naturaleza. 

Como ya hemos mencionado, el ambientalismo político está basado en que el egoísmo del ser humano al actuar libremente genera daños que no alcanzan a verse reflejados en los precios, es entonces donde el Estado debe entrar a intervenir. Esta intervención asume la búsqueda de la eficiencia y la maximización de bienestar social, generando propuestas como las de Pigou que intentan modificar el comportamiento de los individuos mediante impuestos.

Como lo plantean Anderson & Leal (1992, p. 2) este esquema ignora importantes aspectos políticos como lo son los incentivos inherentes en todo proceso político y el costo de la información, la cual es necesaria para la toma de decisiones. Debido a que los gobernantes responden a diferentes presiones de los grupos de interés, no hay garantía alguna de que los intereses de los grupos menos organizados sean tenidos en cuenta, por lo tanto no hay garantía de que se maximice el bienestar social. En cuanto a los costos de la información, es fundamental reconocer que cada agente sea público o privado requiere de información para tomar sus decisiones, la ausencia de esta en los lugares donde no hay mercado proporciona escenarios donde se presentan altos grados de subjetividad, manipulación de la información y altos costos financieros y técnicos para generar la información desde cero. Lo anterior plantea serias dificultades para la implementación de las regulaciones estatales ya que difícilmente logra los propósitos de ser eficiente y maximizar el bienestar social.

Es allí donde se presentan las falencias del ambientalismo político donde la ecología de mercado toma fuerza, incluyendo en su análisis esas dos cuestiones tan importantes como son los incentivos y los costos de la información.

La ecología de mercado

La ecología de mercado surge como resultado de las preocupaciones sobre el manejo social de los recursos naturales, a partir de la década de los setenta es que se empieza a hablar con más contundencia de este tema y se empiezan a discutir las estrechas relaciones que existen entre la economía y la ecología, esta relación se amalgama bajo los procesos de interacción que tiene el hombre con su entorno. A partir de la relación  establecida se generan o surgen una serie de procesos que se podrían catalogar como auto controlados, donde la iniciativa empresarial privada se ocupa del “desarrollo sostenible” y se comienza a buscar acciones que se coordinen de una manera eficiente y cuidadosa con el entorno natural.

Con estos preceptos claros surgen iniciativas como lo son: “La Nueva Economía de los Recursos Naturales” (New Natural Resource Economics) la cual se fundamenta en 3 grupos teóricos que se complementan entre sí: “Primero, la teoría de la Escuela Austriaca de Economía, centrada en el estudio de los procesos de interacción social que resultan de la fuerza creativa de la función empresarial; en segundo lugar, en la denominada Escuela de la Elección Pública, que analiza teóricamente los incentivos, condicionamientos y resultados de la acción combinada de los políticos, burócratas y votantes; y en tercer lugar, la teoría económica de los derechos de propiedad, su evolución, desarrollo y fundamento.” (Huerta de Soto, 2004. p 217).

Estos lineamientos que categorizan la ecología de mercado dan un marco global de cómo se deben abordar este tipo de problemáticas, como lo son el uso de los recursos naturales. En primera instancia tenemos que para que se dé un grado de eficiencia (uso satisfactorio de los recursos naturales), lo más importante es que se determinen los derechos de propiedad sobre los bienes (comunes), estos derechos de propiedad eliminaran cualquier tipo de intromisión estatal, ya que se carece de justificación que el entorno natural sea de dominio público. Otra medida que cobra relevancia en nuestro análisis es el papel del sector empresarial en este nuevo paradigma, el sector empresarial ha estado inmiscuido en este proceso desde sus inicios, ya que desde que la producción se convirtió en un proceso netamente industrializado, los principales agentes contaminantes provienen de estas empresas que promueven el desarrollo socio-industrial, pero que al mismo tiempo deterioran nuestro medio natural. Así pues el conjunto de industrias que han llevado a que nuestra sociedad de un salto evolutivo en cuanto a progreso técnico, han sido a su vez las responsables de nuestro deterioro ambiental. Paradójicamente estas externalidades han sido protegidas por el estado desde hace mucho tiempo, ya que gracias a las concesiones políticas y burocráticas se ha dado el poder a que ciertos organismos privados exploten indiscriminadamente los recursos naturales trayendo cada día más perjuicios a la sociedad, no solo ecológicamente hablando, sino que  al haber este tipo de concesiones y permisiones se frena involuntariamente lo que serían mejoras de carácter técnico que permitirían a las empresas desarrollar nuevas tecnologías (verdes) que satisficieran tanto el desarrollo económico como el cuidado ambiental.