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Los 25 de la Dignidad Saharaui en el banquillo del Genocidio de Marruecos

03/09/2017 05:10 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Instalado a las afueras de El Aaiún, el campamento de Gdeim Izik congregó dos meses de 2010 a decenas de miles de saharauis que exigían respeto por sus derechos sociales y nacionales. Una expresión de dignidad que fue brutalmente reprimida por el Reino de Marruecos

El juicio a los 25 de Gdeim Izik como paradigma de la impunidad marroquí 

El pasado mes de marzo comenzó en Marruecos el proceso judicial a los 25 activistas saharauis de Gdeim Izik en el Tribunal de Primera instancia de Salé. Un juicio que fue aplazado hasta el 8 de mayo y que, continúa abierto, pero que se ha convertido en un caso paradigmático de la lucha diaria del pueblo saharaui por su derecho a la autodeterminación y las intenciones de Marruecos.

La responsable federal de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida, Marina Albiol, asistió al inicio del juicio y está en disposición de denunciar la complicidad política del Gobierno de Mariano Rajoy con las autoridades del Reino de Marruecos en este delicado asunto. Parece que más preocupado por mirar a otros lados del mundo, el Ejecutivo del PP, con Rajoy y el titular de Exteriores, Alfonso Dastis, a la cabeza, ni siquiera quisieron atender nuestra argumentada petición pasada para que hubiera una presencia de la diplomacia del Estado español en calidad de observadores en la etapa final del juicio tras el allanamiento del conocido como ‘Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik’ de sahara

 

Albiol apunta que “el Gobierno español no ha estado a la altura de la gravedad de este caso, eso a pesar de las responsabilidades y de la deuda política histórica que mantiene el Estado español tras la ocupación ilegal por Marruecos de los territorios del Sáhara Occidental.

 

Ella, muestra el “total rechazo” propio y de su formación a las “absolutamente desproporcionadas e injustas condenas a prisión, que realmente son políticas” impuestas por un tribunal de Marruecos a la más de una veintena de activistas saharauis detenidos hace cerca de siete años en el violento desmantelamiento del  ‘Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik’.

Antes de inicirse el “juicio” los activistas han permanecido privados de libertad  más de siete años sometidos a torturas y palizas, tal y como referimos en este reportaje y lo han constatado asociaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos.

 

Las condenas terminarán oscilando entre ocho cadenas perpetuas, 25 o 30 años de prisión para otros, así como otras cuatro menores para que parezca que se han tenido en cuento circunstancias.     

 

Para Albiol, estas condenas “no son más que el fruto final previsto y sabido de un ‘juicio farsa’ que culmina cerca de siete años de detenciones y prisión irregulares, así como de una vista oral que, como desde IU denunciamos durante meses, al igual que múltiples observadores internacionales, se ha desarrollado sin las mínimas garantías legales

 

“Salvo en casos muy contados -apostilla la dirigente federal y también portavoz de IU en el Parlamento Europeo- las penas a los activistas saharauis son las mismas que ya impuso en 2013 un tribunal militar de Rabat y que, tras las irregularidades detectadas y cambios legales de última hora realizados con urgencia, debido en buena parte a la presión internacional sobre las autoridades de Marruecos, fueron anuladas por el Tribunal de Casación”.

 

Marina Albiol manifiesta con claridad que “con lo sucedido ahora, las autoridades marroquíes se salen con la suya en su objetivo de convertir los fallos a los activistas del  ‘Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik’ en una acción ejemplarizante y disuasoria que le sirva para continuar con la represión a todo el movimiento saharahui democrático”.

 

La responsable federal de Relaciones Internacionales de IU recuerda que “desde nuestra formación hablamos con pleno conocimiento de causa de lo ocurrido, ya que hemos estado presentes ‘in situ’ en varios momentos de este largo juicio, lo hemos seguido con regularidad y hemos podido comprobar sus múltiples y sucesivas interrupciones sin motivo legal alguno”.

 

Otros ejecutivos como los de Finlandia, Dinamarca, Suecia, Suiza, Holanda o Noruega sí que movilizaron a sus respectivas embajadas para tener información de primera mano de lo que estaba ocurriendo”.

 

La responsable de Relaciones Internacionales de IU insta al Gobierno del PP a “que dé una valoración detallada sobre qué le parecen estas sentencias y explique si va a mantener sus relaciones preferenciales con un Estado ocupante y represor

 

Los delitos que se les imputan se habrían producido presuntamente durante el desalojo por parte de las fuerzas marroquíes del conocido como Campamento de la Dignidad.

En segundo término, el proceso se encuadra dentro de una serie de aplazamientos inexplicables, después de que la primera sentencia contra los 25 de Gdeim Izik, hace casi siete años, fuera anulada por haber sido dictada por un tribunal militar.

 

Esto último podría parecer una decisión natural, ya que todos los detenidos son civiles y los presuntos delitos que se les achacan no tienen nada que ver con las estructuras militares del país. Sin embargo, el nivel de represión con el que Marruecos acalla las voces del pueblo saharaui hace que, en la monarquía alauí, nadie se preocupe especialmente de estos detalles y acepte un juicio militar que acabó en la nada gracias a la presión internacional.

 

Y ahora, aunque el proceso hace poco iniciado, se desarrolle esta vez teóricamente en un tribunal civil, las propias premisas de las que se parte hacen que, de nuevo, estemos ante un juicio sin arreglo alguno al derecho internacional. Uno de los hechos más importantes – y que marcan este caso- es que se juzgan presuntos delitos cometidos en  territorio saharaui, ocupados por Marruecos desde 1976, lo que hace del Sáhara Occidental sea el último territorio de África aún pendiente de descolonización. Al haberse producido fuera de Marruecos, la legislación internacional marca que, aunque sean juzgados por la autoridad ocupante, deben serlo en su propio territorio. Por tanto, la extraterritorialidad con la que se celebra el juicio es motivo suficiente para que su invalidez.

 

Aun así, lo más importante es que se está juzgando un delito completamente inverosímil: la muerte de diez agentes de seguridad (de los que no existen cuerpos y ni tan siquiera certificados de defunción) durante el desalojo del Campamento de la Dignidad . El movimiento saharaui  denuncia que las autoridades marroquíes han fabricado un relato para inculpar a los 25 procesados con el objeto de descabezar a los movimientos sociales y políticos saharauis. Y a la vista de la farsa en la que se ha convertido el juicio es difícil no compartir su análisis.

 

 

Amigos saharauis de Diasporaweb acudieron como observadores junto a otros periodistas y observadoras internacionales, militantes y activistas de organizaciones sociales, políticas, y de defensa de los derechos humanos y fueron testigos de una farsa, un proceso sin garantías de justicia. Pero las autoridades marroquíes pusieron trabas a las organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Africana y no fue fácil llegar. Finalmente muchos medios no pudieron enviar representantes.  Llegaron hasta el punto de deportar al juez asturiano Jesús Martín a su llegada al Aeropuerto de Rabat, donde se había desplazado para acudir al juicio, ante el silencio cómplice y vergonzante del Gobierno, los medios y  las autoridades españolas. 

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Una vez en Salé, en cada entrada al tribunal había policía secreta marroquí fotografiándolo todo, mercenarios en torno al juzgado para cortar cualquier tipo de comunicación, provocaciones policiales y hasta personas vestidas de paisano que, sin identificarse, pedían ver y fotografiar nuestra documentación 

Pero la parte más violenta de esta farsa estaba dentro del propio tribunal. Allí se presentaron una serie de pruebas inverosímiles, como teléfonos móviles sobre los que no existían siglas ni referencia alguna a la informaciónñ que contenían referente a una serie de cuchillos y machetes como pruebas contra los detenidos. Pero esas armas  parecían recién compradas y en ningún momento se explicó cuál era su vinculación con el crimen. Tampoco se presentaron pruebas dactiloscópicas, ni ADN, ni tan siquiera se informó de dónde se habían encontrado las eviencias.

 

La única prueba a la que constantemente se ha hecho referencia a lo largo de los interrogatorios es, sin embargo, un vídeo. Un vídeo con imágenes aéreas en las que no se ve la cara de ninguno de los acusados y donde los crímenes en sí mismos parecen completamente prefabricados. Es, además, una pieza ya montada de antemano y que incluye mensajes tendenciosos en francés. En ellos se acusa a los activistas de terroristas, y  para menos garantía de autenticidad, llevan varios años circulando por YouTube y en las redes sociales de grupo ultranacionalistas marroquíes y cualquiera puede copiarlos y ya lo han hecho..

 

A pesar de las repetidas reclamaciones de los abogados y abogadas defensores de que no se consideren pruebas válidas, fueron utilizados por el juez y el fiscal repetidamente incluso sin ser sometidos a peritaje, ante un origen y contenidos más que dudosos

 

Los acusados han sido interrogados uno a uno en una sala en la que constantemente estallaban los gritos y protestas de que el fiscal y el juez no tenían en cuenta las garantías más básicas de autenticidad y no eran objetivos. Las referencias a instancias anteriores, que habían sido anuladas, son constantes, como lo son las faltas de respeto a unos acusados que mostraron una entereza y fortaleza impresionantes pese a llevar ya siete años encarcelados en condicones deplorables.

 

Sus testimonios acusan a las fuerzas marroquíes de utilizar el mismo modus operandi d siempre. Detenciones fuera del lugar de los hechos y a posteriori, violencia policial y confesiones firmadas bajo tortura y sin conocimiento de su contenido, por no haberlo podido siquiera leer. Uno de los relatos más duros fue precisamente el primero, el de Mohammed el Ayubi, el único de los acusados que se encontraba en libertad al inicio del juicio dado su frágil estado de salud producto de la brutal paliza y posteriores torturas a las que fue sometido.

 

El Ayubi es una persona con una identidad de género no normativa, que relató con frialdad ante el tribunal -y pese las risas de los abogados de la acusación- todos los abusos y maltrato físicos, psicológicos y sexuales que había sufrido por parte de los esbiros marroquíes. Después de él, los otros acusados fueron explicando uno a uno historias similares, en las que primero fueron arrestados por las fuerzas ocupantes, conducidos a territorio marroquí, torturados y, finalmente, obligados a firmar una confesión. Sin embargo, la acusación y la Fiscalía no tenían demasiado interés en escuchar sus denuncias, sino que durante los interrogatorios sólo preguntaron por su actividad social y política en los territorios ocupados y sobre la vida en el Campamento de Gdeim Izik.

 

El caso de Ennaama Asfari es aún más sangrante si cabe, porque el tribunal no ha tenido en cuenta el dictamen del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que tras evaluar su situación emitió una decisión en la que acusa a Marruecos de haber violado varios artículos de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.

 

Esta es la manera en la que se ha venido desarrollando el juicio. Un juicio de espaldas a la legalidad internacional, en el que Marruecos trata de dar un barniz de legitimidad a la persecución sistemática que hace de los activistas sociales y políticos saharauis. Además, de momento tampoco habrá sentencia al haberse aplazado las vistas hasta nuevo aviso. La realidad es que son muchos los intereses internacionales que aquí se mueven. Marruecos ha sido recientemente readmitido en la Unión Africana después de un conflicto enquistado por la autodeterminación del pueblo saharaui y, aunque sigue ignorando por todos los medios las resoluciones e intentos de diálogo que se realizan desde este organismo continental, del que es miembro de pleno derecho la República Árabe Saharaui Democrática, no puede permitirse sobreactuaciones y condenas que pondrían en peligro su recién obtenida posición.

Ya son 45 las ocasiones en las que el Consejo de Seguridad ha renovado el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), pero una vez más la vigilancia de los Derechos Humanos no se ha incluido entre sus cometidos.

 

 

Y, un año más, Marruecos, satisfecho,   se ha salido con la suya a pesar de haber sido denunciada reiteradamente por violación reiterada de los Derechos Humanos; para ello ha contado con el apoyo de Francia y España sus eternas aliadas.

 

La noche del 28 de abril pasado el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad  la resolución 2351 que prorroga un año más la misión de la ONU en el Sáhara Occidental, que ha sido acogida favorablemente tanto por el Frente Polisario como por Marruecos,  ya que ambas partes consideran que  les respalda.

 

Y así estamos desde el 29 de abril de 1991, hace 46 años, cuando la ONU, mediante la Resolución 690 del Consejo de Seguridad, creó la MINURSO con el mandato de, además de vigilar el alto el fuego, “Organizar y asegurar la realización de un referéndum libre y justo,  y dar a conocer los resultados”. Eso sirvió para que el 6 de septiembre de ese año se proclamara oficialmente el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y seis días después observadores militares y civiles de la ONU empezaban sus operaciones en el Sáhara Occidental. Llevamos 26 años de servidumbre bajo  Marruecos, España y Francia.

 

Ahora Marruecos no quería emitir una sentencia que enturbiara su imagen pero MINURSO se lo ha puesto fácil. Aquí no  pasa nada, puesto que nadie a movido un dedo por los ejuiciados. Marruecos ya está haciendo un fuerte lobby con el objetivo de que la Minurso desaparezca definitivamente o, al menos, vea sus competencias y capacidad de acción más reducidas de lo que ya están.

 

Y mientras Marruecos espera, el Estado español y la Unión Europea miran hacia otro lado apuestan claramente por Mohamed VI como es el caso del  propio rey Felipe VI. Las autoridades españolas son las responsables finales de la situación del pueblo saharaui como potencia colonizadora de acuerdo a la legislación internacional. Pero no sólo eso, sino que agachan la cabeza constantemente ante las sistemáticas expulsiones de sus ciudadanos y ciudadanas de los territorios ocupados o incluso de la capital marroquí -como ha ocurrido en este juicio-, y no son capaces de pronunciarse ante las violaciones de derechos fundamentales.

 

Esto ocurre porque mientras tengamos una política exterior basada en la obtención ilimitada de recursos económicos y en la Europa fortaleza, nunca seremos capaces de conjugarla con el respeto a los derechos humanos. En el otro extremo, mientras la Unión Europea mantenga unos acuerdos comerciales que arruinan a los pequeños productores y productoras a ambos lados del Estrecho y desarrollen una política migratoria basada en la externalización de fronteras, el Estado español seguirá sin asumir su responsabilidad histórica y no trabajará por la autodeterminación del pueblo saharaui y la liberación de todos los presos políticos.

 

 Seguirá más bien manteniendo unas relaciones privilegiadas con Marruecos, que lo convirtieron en el primer país extranjero que visitó el actual rey Felipe, y seguirá ignorando al conjunto del pueblo saharaui, que sigue luchando sin descanso por su libertad

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