En artículo del Nacional. La Fiscal se la cantó claro al Gobierno. El Poder Judicial en completo estado de subordinación. No tenemos Estado de Derecho, sólo es una aberración de Estado y también en la manera brutal  de hacer política y controlar el poder

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó en una entrevista publicada en el diario peruano El Comercio que la subordinación del Poder Judicial ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia ha generado que se convierta en un Estado policial, en lugar de uno en el que se defiendan los derechos de los ciudadanos. Respecto a las actividades irregulares del Sebin, entre las que está irrespetar las órdenes de los tribunales de darles libertad a algunas personas, sorprenden, pero no solamente son sus actuaciones en sí. Lo más grave es la subordinación del Poder Judicial ante la lógica policíaca y represiva. El Poder Judicial debe controlar las actuaciones de las fuerzas de seguridad, poner límites al poder policial y militar, no lo contrario. Acá las carretas están delante de los caballos, el Sebin le dicta líneas al Poder Judicial y este obedece. Esto no es un Estado de Derecho, es un Estado policial, indicó.

Parece que la calidad de vida del pueblo no les importa a los gobernantes

Reiteró que el Tribunal Supremo de Justicia violentó la Asamblea Nacional con una serie de fallos que significaron la ruptura del orden constitucional. El TSJ trató de enmendar esas sentencias que cuestioné con unas aclaratorias que son dignas de estudio para las Escuelas de Derecho, como ejemplo de lo que no se debe hacer. Nuestra Constitución consagra todo un entramado de pesos y contrapesos entre los poderes públicos que garantizan los derechos de los ciudadanos. Todo este modelo constitucional es aniquilado, desconocido, violado con las sentencias del TSJ contra la Asamblea; por ello hubo una ruptura del orden constitucional. Con el transcurrir de los días, el TSJ ha venido desmantelando el Estado de Derecho y erigiéndose en una especie de corte totalitaria que interpreta y manipula a su antojo y, bajo sus intereses políticos, lo que establece la carta magna. Ortega Díaz agregó que imponer la constituyente es un error y pudiera abrir las puertas a más violencia porque significaría que un sector aniquile al resto del país. La fiscal señaló que le preocupa “enormemente que muchos militares se presten para la violación de derechos humanos y actúen como si la justicia nunca los fuese a tocar”. Insistió en que la constituyente es inconstitucional por no haber sido consultada al pueblo: 90% de la población rechaza esta constituyente porque sabe que ella no va a resolver la crisis. Parece que la calidad de vida del pueblo no les importa a los gobernantes, pues cuando los escuchas hablar de la constituyente solo mencionan venganzas, odios, amenazas contra instituciones y sectores políticos, pero nada dicen del calvario que día tras día sufre el pueblo.

De consolidarse la constituyente los venezolanos comenzaríamos a vivir las horas más oscuras de toda nuestra historia republicana y se terminaría de desmontar definitivamente la democracia, aseguró la titular del Ministerio Público. Mi única aspiración es defender la actual Constitución y los derechos de la ciudadanía", respondió Ortega a las acusaciones del oficialismo de tener aspiraciones políticas y presidenciales. “No podemos permitir ningún retroceso en los derechos conquistados. Los venezolanos no podemos seguir viviendo en esta zozobra, en un país donde el futuro cada día es más difuso y donde los jóvenes se van a otros países en busca de mejores oportunidades. Advirtió que las últimas acciones del TSJ demuestran que en Venezuela se perdió el Estado de Derecho. “El antejuicio de mérito que decidió en mi contra contraría una vez más el orden constitucional y acaba con cualquier mecanismo que brinde seguridad jurídica”.

90% de la población rechaza esta constituyente porque sabe que ella no va a resolver la crisis