La Guardia Civil ha detenido este lunes en la 'Operación Púnica' a 51 personas -entre ellos alcaldes, empresarios y políticos como el exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados- en una redada contra una trama de corrupción que concedió obras públicas por 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales

Otras cinco personas han sido imputadas en esta operación, que ha golpeado una "trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y Comunidades Autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia", informó la fiscalía anticorrupción española en un comunicado.

Entre los 51 detenidos en Madrid, León, Valencia y Murcia, figura el exconsejero de Presidencia y Justicia de Madrid entre 2008 y 2011, Francisco Granados, que fue número dos de la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y alcalde del pueblo madrileño de Valdemoro, según fuentes judiciales.

La 'Operación Púnica' está dirigida por el juez Eloy Velasco desde la Audiencia Nacional. En junio, ese juez abrió diligencias por "delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal".

La fiscalía denuncia una "connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales" para conceder "adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los últimos dos años". A cambio de estas ajudicaciones de obras públicas, los empresarios pagaban "comisiones ilegales".

Fueron arrestados seis alcaldes en ejercicio, cuatro de ellos del Partido Popular (PP), un socialista (el alcalde de Parla) y el último perteneciente a un pequeño partido Unión Democrática Madrileña.

Entre los detenidos también figuran dos empresarios, David Marjaliza y Alejandro de Pedro, que supuestamente serían los cerebros de la trama.

La operación se inició en enero de este año, tras una comisión rogatoria enviada por Suiza por "sospechas graves de blanqueo", lo que dio origen a esta investigación en España por parte de la fiscalía anticorrupción.

El operativo "pone de manifiesto que el Estado de Derecho funciona, que los jueces, los tribunales y la policía judicial que colabora con los jueces en la investigación de delitos sobre corrupción está plenamente efectiva", dijo el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, tras conocerse este enésimo caso de corrupción política en España.

Tanto el PP como el PSOE reaccionaron suspendiendo de militancia a sus miembros afectados por la investigación. "Ni un minuto un corrupto en el PSOE de Pedro Sánchez", dijo en rueda de prensa el secretario de organización del PSOE, César Luena. El PP "está indignado y rechaza cualquier tipo de corrupción", afirmó, por su parte, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. "Según se vayan conociendo nuevos datos en relación con estos hechos, el Partido Popular exigirá, en su caso, a quienes tengan responsabilidades institucionales y políticas el abandono inmediato de sus cargos", añadió.