IDEOLOGÍA EN EL CONFLICTO MAPUCHE

El conflicto que aflige a las comunidades mapuches con el Estado chileno tiene larga data. Sin embargo, resurgió con fuerza hace dos décadas para ir paulatinamente radicalizándose en sus planteamientos y también en sus métodos. Este comportamiento se hizo persistente y sistemático con el surgimiento de grupos indígenas más ideológicos a partir de 1997. Desde entonces, han incorporado un componente de reivindicación violenta en sus planteamientos, primero de recuperación de tierras ancestrales y luego de exigencia de autonomía y de liberación de lo que consideran sus territorios usurpados.

En Chile, en las últimas dos décadas, se ha evidenciado una persistente movilización de grupos indígenas mapuches que desde la demanda de recuperación de tierras ancestrales han pasado luego a reclamar del Estado diversas formas de autonomía territorial, desde aquella que se plantea dentro del sistema institucional hasta aquella otra que propone una abierta confrontación con el sistema.

En la década de los noventa se revitalizó la demanda por el reconocimiento de los derechos colectivos que se desprenden de la especificidad cultural de las diversas minorías étnicas y comunidades indígenas. En algunas experiencias ello se ha planteado en el nivel sistémico, en tanto que también se han dado casos en que las demandas se han formulado de manera rupturista, tanto contra el sistema institucional como contra la estrategia de desarrollo prevaleciente. En el caso chileno se dan ambas expresiones, aún cuando tiene mayor visibilidad comunicacional aquella que se inserta en el segundo escenario.

Los primeros antecedentes del ya largo conflicto vigente sucedieron en el asalto e incendio de camiones de una empresa forestal en la comuna de Lumaco, Novena Región, a fines de 1997. El argumento esgrimido por los grupos mapuches involucrados apuntaba en dos direcciones: la recuperación de tierras que alguna vez les pertenecieron y que en ese entonces ocupaban las empresas forestales; y el rechazo, por razones ambientales, a la actividad forestal por depredar bosques y producir contaminación.

Estos conflictos se han presentado en un contexto social de graves problemas de pobreza y marginalidad del sector mapuche en su conjunto. Esa pobreza se traduce no solamente en precarias condiciones económicas y reducidos ingresos, sino que en índices de analfabetismo o niveles muy básicos de educación que superan largamente el promedio nacional, y en altos niveles de desempleo o empleos temporeros ligados al sector agrícola. Y en un contexto político jurídico, en el cual históricamente el derecho de propiedad de los campesinos mapuches fue avasallado por particulares e ignorado por el propio Estado.

1. LA INFLUENCIA DEL ZAPATISMO MEXICANO

La irrupción de la insurgencia zapatista en México ---con el inicio de la ofensiva insurreccional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994--- planteó en América Latina el comienzo de la radicalización de los procesos de reivindicación indígena.

En primer lugar, porque después del colapso de los socialismos reales, de la crisis de aislamiento de Cuba, de la derrota electoral de los sandinistas y del hecho de que varias experiencias guerrilleras se habían vuelto sistémicas tras procesos negociadores, nada hacía pensar que se hiciera presente una nueva expresión insurreccional.

En segundo lugar, porque en ese mismo tiempo, México ingresaba al NAFTA, junto con Estados Unidos de América y Canadá, lo cual parecía indicar que era un país que podía mostrar entre sus fortalezas grados importantes de estabilidad institucional y gobernabilidad del sistema político.

En tercer lugar, porque México había logrado neutralizar políticamente a sus pasados focos guerrilleros.

En cuarto lugar, el zapatismo surgía como un actor nuevo, no vinculado directamente con las experiencias insurreccionales frustradas de las décadas anteriores, ni tampoco asociado a un proceso de radicalización de algún actor político que optaba por la confrontación armada.

El inicio de la ofensiva armada del EZLN fue acompañada de una gran publicidad que marcaría después otro de los rasgos del zapatismo: la implementación de una fuerte política comunicacional. Fue una ofensiva corta y contundente, apuntando a generar hechos y ganar posiciones más a que a retener territorios. Esto fue lo que le dio en sus comienzos una insospechada proyección que provocaría rápidamente consecuencias políticas.

La fase estrictamente militar de esta ofensiva va desde el 1 al 10 de enero de 1994. Ese día el Gobierno decreta de manera unilateral el cese al fuego, lo que es aceptado de manera tácita por los zapatistas. Crea, además, el cargo de Comisionado para la Paz y la Reconciliación, nombrando allí al ex Canciller Manuel Camacho Solís, con lo cual da una señal manifiesta de querer buscar una salida política al conflicto. Por su parte, la fase política apuntó, desde sus inicios, al diálogo y la negociación. El gobierno decreta la amnistía, que la Cámara de Diputados aprobó el 20 de enero del mismo año, veinte días después de iniciadas las operaciones. Esto fue entendido y aceptado por los zapatistas, quienes congelaron sus acciones armadas. Lo que en otras experiencias tomó años y décadas (El Salvador, Guatemala), en México tomó sólo diez días. En ello influyeron características muy singulares de este proceso. Una de ellas es que el Gobierno mexicano estaba en un período electoral y percibió que una reacción severa ante una guerrilla situada en el sur y que no comprometía al resto del país (y que por lo mismo no causaba inseguridad ciudadana) no concitaría apoyo social, por lo que optó por un manejo político. Otra es que el zapatismo no se plantea como una guerrilla clásica, no responde al padrón ‘foquista’ de las tesis de Guevara y no prioriza sino que instrumentaliza lo militar. Esto llevó a que se postulara que no se estaba en presencia de una guerrilla tradicional, sino de un movimiento social armado.

Antes de las acciones armadas de enero de 1994, los zapatistas se definían como socialistas. En efecto, en el Reglamento Insurgente del Frente Zapatista de Liberación Nacional, elaborado en 1993 se lee: “El EZLN fue creado para conquistar por medio de la lucha armada la liberación nacional y no suspenderá la lucha hasta instaurar en nuestra patria un régimen político, económico y social de tipo socialista”. Después, la definición socialista se dejaría de lado para plantearse como indigenistas y agrarios, pero desde allí buscarían representar las demandas y conflictos de la pobreza en general, incluyendo la urbana. Los pobres eran su ‘sujeto’ de la revolución. Un grupo más heterogéneo, pero sin duda más convocante. Su realidad social era la de Chiapas, pero ellos buscaban proyectarla en todo México. Posteriormente, el zapatismo va cambiando paulatinamente sus énfasis. Pasará de la cuestión constitucional relacionada con el régimen político, a una mayor preponderancia de los conflictos y demandas económicas y sociales: pobreza y ataque al mercado, demandas campesinas y reivindicaciones étnicas, con lo cual se irá reforzando su carácter de movimiento social armado. Coincide este cambio con el comienzo y desarrollo de la fuerte crisis económica de México, en los inicios de la administración de Zedillo. El EZLN cree que es el momento de articular las movilizaciones sociales y crea un frente político. Su estructura es dual, donde lo militar y lo político coexisten bajo la fórmula de que lo primero está subordinado a lo segundo. Y lo político se decide por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena.

La apelación constante a la sociedad civil es otra de sus premisas estratégicas. No buscan tanto expandirse territorialmente como guerrilla que logra ‘zonas liberadas’, sino que tienen como objetivo permear a la sociedad entera, no para que se involucre directamente con ellos, pero sí para que sirva de caja de resonancia de sus demandas y para que se sume al cuestionamiento al sistema vigente. A través de ello se busca generar una profunda crisis de legitimidad del sistema institucional y del gobierno. Lo que buscan, en definitiva, es agudizar los conflictos.

El objetivo estratégico de los zapatistas no era la toma del poder, ni en el corto ni en el mediano plazo, sino lograr una transformación social radical “creando para ello condiciones de ingobernabilidad del sistema que lo deslegitimaran” y a partir de ello posibilitar que nuevas fuerzas políticas, de inspiración socialista, y en una alianza amplia sin vanguardias preestablecidas, pudiera llegar al poder en medio de cierto consenso social. La experiencia zapatista en la constitución de ‘movimientos sociales armados’ es lo que tomarán diversos grupos étnicos de Latinoamérica para radicalizar su reivindicación por los derechos ancestrales.

1. Coordinadora Arauco Malleco: “Las forestales tendrán que irse de nuestros territorios”, en periódico El Rodriguista, diciembre de 1997

2. LA VARIABLE IDEOLÓGICA EN EL CONFLICTO MAPUCHE

El discurso de autonomía indígena se traduce en un cuestionamiento al Estado nacional porque éste es el que gobierna el territorio que, en su concepto, les pertenece a ellos de forma ancestral, reclamando por tanto un estatuto autonómico especial que les reconozca sus propias formas de gobierno y la vigencia de sus propias normas, aún cuando no planteen argumentos directamente separatistas. Ese es el objetivo. Para aproximarse a él, la estrategia que han desarrollado es plantearse de manera rupturista en contra de la institucionalidad vigente y en contra del modelo económico al cual acusan de profundizar la miseria y la desigualdad. Las tomas de terreno, en cuanto rebalsan la legalidad, son la expresión de su rebeldía en contra de la institucionalidad.

La autonomía puede tener diversos alcances. Algunos grupos mapuches la plantean dentro del Estado, según el modelo de los estatutos autonómicos españoles, que apunta a establecer una ‘autonomía territorial’ de la región históricamente mapuche, cuestión que se sustentaría en ‘estatutos’ que, tomando en cuenta la realidad de variedad étnica de la región, garantizarían todas las condiciones políticas, económico-materiales, sociales, culturales e ideológicas para el pleno desarrollo de la etnia mapuche y su cultura. Otros grupos proponen una autonomía con énfasis en la ruptura con la institucionalidad del Estado chileno. La reivindicación de territorios no es pacífica, sino confrontacional en contra del Estado, por lo que no debe extrañar que las acciones de fuerza se focalicen en contra de las empresas que están radicadas en la zona para ir recuperando las tierras que forman lo que consideran ‘sus territorios’.

Bajo el supuesto de una defensa de los derechos indígenas, los grupos mapuches más radicales cuestionan fuertemente el modelo de desarrollo económico. Incluso en varios de estos grupos su aproximación a la izquierda tradicional es visible, particularmente cuando cuestionan la vigencia y la legitimidad de la economía de mercado. Tras el hostigamiento a las empresas agrícolas y forestales parece residir un fuerte cuestionamiento al modelo económico y, a través de él, a la propia institucionalidad del país. Este modelo económico de libre mercado es percibido como contrapuesto a los intereses de los mapuches. Las empresas agrícolas y forestales son presentadas, en este contexto, como las causantes directas de la pobreza mapuche.

En este contexto, surge la Coordinadora Arauco Malleco, uno de las expresiones más radicales del movimiento indígena mapuche en Chile. Se constituye a partir de comunidades indígenas que estaban en conflicto en el año 1997. Su objetivo es “crear una correlación de fuerzas tanto políticas como de organización al interior del Movimiento Mapuche que nos permita avanzar en lo que denominamos una Propuesta de Liberación Nacional” (1).

Consideran que el Estado chileno ha actuado como usurpador de territorios y como favorecedor de las grandes empresas agrícolas y forestales radicadas en la zona y, por ende, plantean la reivindicación territorial: “La ocupación del territorio mapuche por parte del Estado chileno, la usurpación y expulsión de nuestro Pueblo de sus tierras ancestrales, es un proceso histórico que en ningún caso ha terminado (..) hoy son los empresarios transnacionales quienes continúan dicho proceso, amparados en la macabra política económica neoliberal que el militarismo impuso a sangre y fuego y que los gobiernos de la Concertación han continuado de manera vergonzosa en este país” (2).

La situación de Lumaco en 1997 fue el detonante organizativo de la Coordinadora. Ellos lo señalan diciendo es “un hito importante para el Movimiento Mapuche, puesto que demuestra que se había desgastado el proyecto de la CONADI y de aquellas organizaciones mapuches que, por la vía de la transferencia tecnológica, los subsidios de tierras, creían factible dar solución global a nuestros problemas”. En otras palabras, esos incidentes fueron el inicio de un comportamiento radicalizado y violento que pasará a ser persistente y sistemático en las movilizaciones de este sector.

Un primer rasgo definitorio de la Coordinadora Arauco Malleco es que es una entidad que combina la elaboración de una teoría radical expresada en su objetivo de ‘liberación nacional’, que supone un enfrentamiento con la institucionalidad, una práctica política rupturista que se manifiesta en movilizaciones, desbordes de la legalidad y hostigamiento a empresas bajo la consigna de ‘recuperación de territorios’. Un segundo rasgo es que en sus planteamientos y sus acciones combinan tres elementos: la invocación a las autoridades tradicionales de los mapuches: los lonkos; la consideración a las formas organizativas que se dan las comunidades mapuches; y lo que es el aporte propio de la Coordinadora: dotar a las comunidades de una organización de carácter político. Un tercer rasgo es la explicitación de los elementos diferenciadores que tienen con otros grupos radicales del sector mapuche: proclaman su autonomía política y se confiesan como el grupo más intransigente y que usa formas de lucha violenta, en vez de buscar vías institucionales como la negociación con el gobierno.

Sobre la posibilidad de recurrir al enfrentamiento armado con el Estado, ya lo señalaban en 1997: “Es necesario emprender una lucha de liberación. Pero para que ello sea posible es necesario primero crear una correlación de fuerzas que se exprese en lo social, político, cultural, económico y militar (..) Si a futuro no se producen los cambios necesarios respecto de un Estado que nosotros denominamos opresor tendrá lugar necesariamente una etapa de Liberación Nacional y esto es en el plano político, cultural, económico y también en el plano militar” (3). La Coordinadora tenía claro desde sus inicios que sus acciones provocarían la reacción del Estado, costo que parecía dispuesta a asumir en su objetivo final de rebelarse contra el Estado chileno: “Ellos (los gobernantes) saben que la sublevación de las comunidades puede ejercer algún día la violencia mucho más allá de las pedradas y eso es, precisamente, lo que les preocupa” (4).

En consecuencia, los sucesos de hostigamiento y ataque a las empresas no son hechos aislados ni de

perfil meramente policial, sino que son parte de una estrategia de más largo alcance, cuyo punto de culminación es la confrontación violenta con el propio Estado. No se trata sólo de expresiones de violencia puntual en medio de movilizaciones y tomas de tierras, sino de un elemento vital para el propósito de enfrentamiento que los grupos étnicos radicales tienen con el Estado chileno en función de obtener primero la ‘recuperación’ de territorios considerados ancestrales y, luego, avanzar en sus propuestas de ‘liberación’. Para lograrlo, siguiendo el ejemplo de los zapatistas en Chiapas, los mapuches radicalizados tratan de apelar constantemente a la sociedad civil, no para que se involucre de manera directa en su lucha, pero sí para que sirva de caja de resonancia de sus demandas y para que también se sume en la organización de diversos grupos que apoyen el rupturismo social que enfatiza la deslegitimación de la institucionalidad, instrumentalizando los problemas, carencias y conflictos derivados de la pobreza para hacer responsable al sistema imperante.

3. CONCLUSIONES

La solución del problema mapuche pasa por plantearse tareas en el corto, mediano y largo plazo. Desde luego que en el primero es crucial que el gobierno haga respetar la vigencia del Estado de Derecho, garantizando efectivamente el derecho de propiedad, defendiendo el orden público y poniendo fin al clima de incertidumbre jurídica que viven los inversionistas nacionales e internacionales. En el mediano y largo plazo, las tareas deben centrarse en la superación de la pobreza y en la educación; en especial en ésta, como instrumento habilitante para que los mapuches en singular y los indígenas en general salgan del estado de marginalidad en que se encuentran.

En unas y otras hay que considerar que las personas se mueven por proyectos de vida. En lo pequeño y en lo grande ocurre lo mismo. Esto es particularmente válido para los indígenas que son personas individuales, pese a que el Estado en su afán proteccionista los ha considerado como sujeto colectivo. Para que los mapuches como individuos sean efectivos agentes del desarrollo, se debe apostar a su potencialidad y a su creatividad, factores que sólo pueden expresarse en un ambiente de libertad, fijando ellos mismos sus objetivos y trazando sus propios proyectos. Los esquemas dirigistas, en general, han fracasado en su tarea de impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas, precisamente, porque no confiaron en las personas, sino que optaron por regular sus actividades y colocarlos en una situación jurídica que podríamos calificar de ‘interdicción’. El Estado no debiera impulsar comportamientos paternalistas con los indígenas, como lo ha venido haciendo, sino posibilitar que se desarrollen de manera autónoma, como toda la sociedad, sin abrumarlos con una relación de dependencia enervante. El Estado debe jugar un rol que garantice la no discriminación de los indígenas, que estimule la aceptación, en el plano cultural, de su perfil cultural, y que fomente la incorporación al normal ejercicio de las actividades económicas en vez de promover un asistencialismo paternalista. Esto pasa por dos elementos centrales: incorporar a los indígenas como sujetos efectivos del desarrollo y, a la vez, reafirmar su identidad étnica a través de sus propios perfiles culturales y sociales.

En consecuencia, debieran diseñarse políticas hacia las minorías indígenas que signifiquen el reconocimiento de sus perfiles culturales propios y característicos y que también les permitan acceder y participar del desarrollo nacional, pues su incorporación a los mecanismos del progreso no atenta en contra de su identidad.

1. Coordinadora Arauco Malleco: “Las forestales tendrán que irse de nuestros territorios”, en periódico El Rodriguista, diciembre de 1997.

2. Coordinadora Arauco Malleco: “Hacia la conformación de un Movimiento Mapuche Autónomo”, en www.upaz.org

3. Coordinadora Arauco Malleco: “Las forestales tendrán que irse de nuestros territorios”, en periódico El Rodriguista, diciembre de 1997.

4. Coordinadora Arauco Malleco: “Hacia la conformación de un Movimiento Mapuche Autónomo”, en www.upaz.org