Para comprender y dimensionar la pesada mochila que representa la normativa legal que obliga a Codelco entregar el 10% de sus ventas (no de utilidades) para financiar las adquisiciones de las Fuerzas Armadas, baste decir que las instituciones de la defensa nacional recibieron US$ 7.419.000.000 entre los años 1990 y el 2007, cifra equivalente al 21% del total de los aportes que hizo la empresa a las arcas fiscales durante ese mismo período. Más gravoso resulta el establecimiento de un aporte fijo mínimo anual, independiente de si la estatal opera con pérdidas o utilidades, cuyo monto es de carácter reservado (según estimaciones del año 2008 sería de US$ 250.000.000) y que se empalmó con el Índice De Precios Al Por Mayor de los Estados Unidos. Esta medida del aporte mínimo se implementó con la finalidad de asegurar estabilidad en los flujos a las fuerzas armadas y por otra limitar el uso de mayores recursos derivados de eventuales incrementos en el precio del cobre, como de hecho ha acontecido, disponiéndose para ello de la llamada ‘ Cuenta 4’ que el Ministerio de Defensa administra y donde se ahorran los excedentes. La estructura diseñada para administrar esas ingentes sumas funciona mediante depósitos en el exterior en una cuenta que requiere ser visada por el Banco Central y queda bajo la responsabilidad del Consejo Superior Para La Defensa Nacional (Consudena). Tanto el Ejército, la Armada y Fuerza Aérea disponen equitativamente de los fondos y para ejecutar su uso deben presentar por separado proyectos a dicho consejo superior, luego al Ministerio de Defensa, y si logran su aprobación, la decisión final está en la potestad presidencial acerca de la compra del material bélico y equipamiento militar.

Haciendo una breve cronología del aporte de la minería del cobre como soporte financiero al sector de las fuerzas armadas, nos conduce al año 1958 bajo el mandato presidencial de Carlos Ibáñez del Campo. Impelido por los conflictos limítrofes con Argentina que debió enfrentar su administración, resolvió en las postrimerías de su gobierno, promulgar una ley impositiva del 15% de las utilidades devengadas de la explotación del cobre con esa finalidad específica. Esta tributación se mantuvo inalterable hasta la llegada al poder de Eduardo Frei Montalva, quién impulsó el proceso de chilenización fijando el aporte de las utilidades en un 3%. Sería su sucesor, Salvador Allende a quien le correspondió llevar adelante la nacionalización, el que volvió a redefinir el porcentaje elevándolo a un 10%. Fue durante el gobierno militar donde se estableció el cambio más sustantivo respecto al aporte de Codelco a las Fuerzas Armadas, al disponer que se hiciese en base a las ventas y no a las utilidades de la compañía. Para garantizarse de no quedar expuestos a revocatorias futuras, se redactaron tres instrumentos legales que configuraron un estatuto jurídico y cuyo último eslabón se escrituró el 23 de Junio de 1987. Mantener un impuesto de tal magnitud inalterable por más de 20 años no solo resulta inadmisible por el oneroso porcentaje, sino por que contraviene los principios esenciales en que se fundamenta toda actividad empresarial, colocándole obstáculos que afectan su gestión y competitividad. De hecho su capacidad para contraer créditos se ha visto entorpecido producto de dicho gravamen, dado que la carga económica es mayor que si fuera solamente a las utilidades. También se ha visto mermada en su desplazamiento al ámbito de las alianzas con empresas internacionales, lo que se traduce en un impedimento para abrir nuevos campos y áreas de negocios.

Cada institución recibirá armamentos de acuerdo a sus requerimientos estratégicos evitando reproducir el esquema actual, en la que no se establece ninguna distinción entre ellas

Un proyecto de ley orientado a separar el financiamiento de compras militares y que no dependa de los aportes económicos provenientes de Codelco, se encuentra en el Congreso para su tramitación y que las nuevas autoridades de gobierno pretenden agilizar. La iniciativa legal establecería presupuestos plurianuales (se baraja la idea de cuatro o cinco años) para la compra de material bélico y equipos para las tres ramas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea, lo que permite sortear la tramitación de las partidas año a año y ceñirse a la verificación de su cumplimiento en los siguientes. Además esto permitiría racionalizar las adquisiciones, ya que cada institución recibirá armamentos de acuerdo a sus requerimientos estratégicos evitando reproducir el esquema actual, en la que no se establece ninguna distinción entre ellas. No vamos a profundizar en otras aristas del proyecto, solo decir que el ‘ gasto corriente’ , vale decir, todo lo indumentario y la alimentación, es abordada en la discusión del presupuesto general de la nación.

Aunque lo razonable desde el punto de vista económico de la propia empresa, que requiere capitales para satisfacer las inversiones que necesita (se prevén US$ 14 mil millones para los próximos cuatro años) y el diseño de una política de financiamiento de las Fuerzas Armadas ajena a los vaivenes del precio del cobre en el mercado internacional, presenta un gran obstáculo para su eventual aprobación. ¿La piedra de tope? Las aprehensiones de muchos legisladores, para quienes ésta reforma es la antesala de la privatización de Codelco, por más que el futuro Ministro de Minería, Lawrence Goulbourne, se empeñe en decir que seguirá siendo una empresa estatal.