Un estudio de CIPER revela que éstos no van directamente al beneficiario

Un estudio del Sistema de Salud en Chile realizado por el Centro de Investigación Periodística (CIPER) reveló que elEstado de Chile está traspasando millonarios fondos a las empresas de salud privadas, los cuales van directamente a sus utilidades y no a las personas beneficiarias.

El Sistema de Salud en este país cuenta además del Fondo Nacional de Salud (FONASA), con las llamadas Isapres, empresas privadas que cumplen el papel de asegurar la salud de sus cotizantes. Para su funcionamiento éstas tienen en paralelo una extensa gama de prestadores de servicios privados, como las clínicas y laboratorios, cuyo auge denota un crecimiento de un 20% entre 2005 y 2012.

Según CIPER, justamente entre 2005 y 2012, el Estado traspasó US$ 6.809 millones a este sistema privado. Una modalidad fue a través del sistema llamado GES (plan de Garantías Explícitas en Salud, ex AUGE) y otros mecanismos), lo que les permitió la creación de sus clínicas y laboratorios.

Esta red privada de prestadores, clínicas, laboratorios, y otros, cuenta en realidad con tres mecanismos mediante los cuales el Fisco les entrega cuantiosas sumas por la compra de servicios y subsidios a la demanda. "Estos mecanismos son: la modalidad libre elección de Fonasa; la compra de servicios -que desde la implementación del GES se ha incrementado exponencialmente-; y desde el 2011, el bono AUGE", señala CIPER.

"Estos fondos públicos alentaron a los grandes grupos económicos a organizar su negocio a través de holdings de salud. Así, durante el gobierno de Ricardo Lagos iniciaron lo que se llama "la integración vertical", modelo a través del cual los prestadores (clínicas) y los aseguradores (Isapres) pertenecen al mismo dueño", destaca CIPER.

"En este modelo de negocios los "costos" de las Isapres son las ganancias de las clínicas, y estas a su vez están aumentadas por los traspasos de fondos públicos. Finalmente el dinero permanece en el holding", destaca la investigación.

Uno de los ejemplos es Empresas Banmédica, un holding controlado por el grupo Fernandez-León y las empresas del Grupo Penta de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín es dueño de dos Isapres, Banmédica S.A. y Vida Tres, las cuales controlan un 26% del mercado, con casi 400 mil cotizantes y 360 mil cargas.

Empresas Banmédica es además dueña de una gran cantidad de clínicas y prestadores de salud, donde destacan la Clínica Santa María, Clínica Dávila, Vidaintegra, Clínica Alameda, Clínica Vespucio, Clínica Biobio, Clínica Ciudad del Mar y HELP. Las utilidades durante el 2011 de este holding alcanzaron más de $43.000 millones.

La investigación apunta a que existe una falta de regulación creada por intereses privados. Se da el caso que algunos Ministros de Estado involucrados, son o fueron presidentes de las empresas privadas de Isapres y/o Asociación de Isapres.

Los periodistas de CIPER hacen notar, que otra clave del negocio de la salud en Chile, radica en la segregación de cotizantes. Pese a los beneficios que le da el Estado, las Isapres solo tienen cotizantes de rentas más altas, además de una diferenciación por sexo y edad, lo cual el Tribunal Constitucional (TC) declaró como inconstitucional.

"La segregación también aparece al analizar la distribución de los beneficiarios según tramo etario. Esto es importante dado que uno de los predictores del riesgo a enfermar es la edad, en el tramo que comprende a personas mayores de 84 años, menos del 5% es beneficiario de Isapres; en contraste, el 95% está en Fonasa", dice CIPER.

Nueva Ley

Hoy se tramita en el Congreso una nueva ley de Isapres, y según la investigación, no tiene como objetivo terminar con la discriminación, sino otorgar certeza jurídica y viabilidad al negocio.

Este proyecto crearía un IPC de la Salud, lo que podría cerrar la puerta a futuras demandas, y legitimar técnicamente las alzas de precios en las primas.

Otra propuesta de la ley es que en adelante los usuarios cancelen una "prima plana" igual para todos. Tal prima dará acceso a un Plan Garantizado de Salud (PGS). Por ejemplo, dice el reporte, una secretaria que recibe un sueldo de $350.000 y tiene dos hijos, deberá cancelar una prima de $51.000 lo que equivale a un 15% de sus ingresos. En cambio, un gerente con ingresos de $5.000.000 y con dos hijos, deberá pagar la misma prima de $51.000, lo que representa solo el 1% de sus ingresos.

Aún así, en el caso del ejemplo de la secretaria, ella deberá pagar de su bolsillo si el 7% obligatorio, pagado adicionalmente, no cubre la prima de servicios que se está dando.

El proyecto de ley contempla que la cobertura financiera será "similar a la modalidad libre elección de Fonasa", de lo que CIPER deduce que cada prestación tendrá pagos adicionales entre 50% a 70% del precio total.