Este mes ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que permite reclamar en forma colectiva la indemnización por perjuicio, luego de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dictamine sus sentencias.

El caso de acuerdo de precios entre las farmacias para no bajar los valores de medicamentos aún está en la retina de los consumidores chilenos, que se lamentan de la imposibilidad que les confiere la Ley para exigir una indemnización en las situaciones que los perjudican por la falta de competencia en los mercados.

Sin embargo, este mes se ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que permite reclamar en forma colectiva la indemnización por perjuicio, luego de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dictamine sus sentencias.

Propuesta. La iniciativa se encuentra en la comisión de Economía y plantea incorporar un artículo a la normativa que fija las normas para la Defensa de la Libre Competencia: "En los casos de infracciones en la presente ley, que afecten el interés colectivo o difuso de los consumidores en los términos prescritos en el artículo 50 de la ley 19.496, los legitimados activos señalados en el artículo 51 de la misma norma, podrán reclamar la indemnización de los perjuicios mediante el procedimiento Especial establecido en su párrafo 2 del título IV".

Según la propuesta, la necesidad de indemnizar a los consumidores en estos casos, se originó con la negativa de los tribunales de aceptar una demanda interpuesta por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) contra las farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada, para que estas indemnizarán a los clientes afectados por la colusión de precios.

Rechazo demanda. "La magistrado suplente del 10° juzgado civil de Santiago, María Cecilia Morales Lacoste, declaró inadmisible la demanda, porque el Servicio sólo puede interponer acciones por intereses colectivos difusos referidos al artículo 58 de la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor, pero no para presentar la acción que dispone el artículo 30 del Decreto Ley 211, que fija las normas para la defensa de la libre competencia", indica el proyecto de ley.

El objetivo del cambio legislativo es que el Sernac pueda exigir la indemnización en estas situaciones, una vez que el TDLC haya dictado sus sentencias contra empresas o gremios.

Actualmente la Fiscalía Nacional Económica investiga eventuales casos de colusión de precios en el sector de buses interprovinciales y regionales, además de las indagaciones en el llamado caso de los pollos, en que se denunciaron acuerdos de precios entre las productoras del sector.