La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este viernes la condena a 33 exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) como responsables de varios secuestros ocurridos en septiembre de 1987 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Esta es una prueba de que los crímenes y delitos del terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura es un tema aún pendiente en nuestra sociedad, una herida abierta; el fallo demuestra que los crímenes de lesa humanidad no solo se dieron al inicio de la dictadura, sino que continuaron hasta finales de los años 80", explicó en diálogo con la prensa Ricardo Balladares, sociólogo y asesor legilativo en derechos humanos del diputado Hugo Gutiérrez de la bancada del Partido Comunista.

La sombra de Pinochet vive en el presente chilen Partido Comunista que pertenecían al grupo guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que fueron capturados en septiembre de 1987

para ser canjeados por el coronel Carlos Carreño, secuestrado por este comando y finalmente liberado tres meses después en Brasil.

"En vez de realizar ese canje, el ejército dijo que no iba a negociar con terroristas y que los militantes del FPMR debían desaparecer", aseguró a la prensa el abogado en derechos humanos Cristian Cruz, quien lamentó que aún exista un alto grado de impunidad ante los miles de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas que tuvieron lugar en la dictadura chilena.

A pesar de que que Chile ha avanzado mucho en temas de verdad y reparación, en opinión del sociólogo Balladares aún queda mucho por hacer en cuanto a justicia, ya que aunque los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles desde 2014, "ni la tortura ni la desaparición forzada están tipificadas como delito en el código penal".

Con o sin Bachelet, Chile sigue el camino de Pinochet El fallo de la Corte de Apelaciones no implica que los exagentes vayan a ingresar en prisión, ya que quedaría otra instancia más en la Corte Suprema.

En este sentido son muchas las voces que critican en Chile que los militares acusados de violaciones de derechos humanos durante la dictadura cumplan su condena en centros exclusivos y no en prisiones comunes.

"Pedimos que no haya carceles especiales para los militares involucrados en estos casos y que se les traslade a centros comunes. Sabemos que muchos no cumplen su condena en un régimen carcelario como cualquier otro delicuente", apuntó Balladares.