Dos exoficiales del Ejército de Colombia fueron capturados por su responsabilidad en una masacre paramilitar perpetrada hace casi dos décadas en el noroeste del país, en la que la mayoría de las víctimas eran sindicalistas y simpatizantes de izquierda, informó este viernes la Fiscalía.

El sargento primero retirado John Fredy Moncada Carmona y el mayor retirado Nofar Fabián Motta Bastidas fueron detenidos en el municipio del Guamo (Tolima, centro) y en la ciudad de Bucaramanga (Santander, noreste) "como presuntos responsables" de la masacre en Chigorodó (Antioquia) el 12 de agosto de 1995, indicó el ente acusador en un comunicado.

En la masacre murieron 18 personas.

Según las investigaciones, un comando del frente Arlex Hurtado de las milicias irregulares de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dependiente del exjefe paramilitar Evert Veloza, alias HH, irrumpió en la discoteca El Aracatazo y tras forzar a los presentes a tenderse en el piso, les disparó con armas de corto y largo alcance.

"La mayoría de las víctimas eran sindicalistas y simpatizantes de izquierda de la región de Urabá" (noroeste), señaló el comunicado.

Moncada y Motta, quienes según la Fiscalía participaron en la masacre, "son investigados por cargos de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo con porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares".

Por lo ocurrido en El Aracatazo, Dalson López Simanca, alias Mono Pecoso, y José Luis Conrado Pérez, exmiembros de las AUC, fueron condenados a 40 años de prisión.

Veloza, extraditado en marzo de 2009 a Estados Unidos por narcotráfico, reconoció en 2007 haber autorizado la masacre y se acogió a sentencia anticipada como coautor, por lo que fue condenado a siete años de prisión, pena que deberá cumplir cuando regrese a Colombia, según fuentes de la Fiscalía.

La convulsionada región del Urabá, que hacia los años 1970 sufrió la incursión de guerrillas de izquierda y posteriormente la arremetida paramilitar que incluyó decenas de masacres, aún sigue azotada por bandas criminales de origen paramilitar, pese a que unos 32.000 combatientes se desmovilizaron durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).