Un vocero del Departamento de Justicia dijo al diario que el asunto está aún bajo revisión, pero por separado funcionarios del gobierno señalaron que la decisión ha sido tomada y que sólo se afinan los detalles.

Al menos otras cinco demandas han sido presentadas en cortes federales por varios grupos civiles que buscan una orden impidiendo la implementación de la controversial legislación en Arizona.

El rotativo apuntó que la acción legal ha sido anticipada a partir de las repetidas declaraciones de Obama contra la ley, y los temores sobre sus alcances expresados por el procurador general de Justicia, Erick Holder.

The New York Times indicó que sólo en contadas ocasiones el gobierno interviene en asuntos estatales y que ello conlleva un significativo riesgo político, aludiendo la polarización que en este caso ha generado la ley.

La ley le confiere a las policías locales mayor autoridad para verificar el estado migratorio de las personas detenidas en el curso de cualquier infracción, a la cual Obama se opone.