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África: "los minerales de sangre" y la Ley Dodd-Frank que frena a las multinacionales norteamericanas

30/12/2011 12:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Al igual que los “diamantes de sangre”, expertos afirman que la venta de los llamados “minerales de conflicto” de grupos armados a empresas que fabrican productos para el mercado de Estados Unidos ha hecho de África un continente que sufre

Al igual que los “diamantes de sangre”, expertos afirman que la venta de los llamados “minerales de conflicto” de grupos armados a empresas que fabrican productos para el mercado de Estados Unidos fundamentalmente aunque también para otras potencias occidentales respetables y países emergentes a los que se añade últimamente China ha hecho de África un continente que sufre.

En toda África, el pueblo enfrenta varios conflictos de diversa intensidad. Las últimas estadísticas a mano (ECA) indican que el total de más de 30 conflictos armados que existían en África en 2007 desde el año 76, con altibajos y periodos de paz muy precarios, afectaban a 474 millones de personas (61 por ciento de la población).

La captura de recursos naturales, sobre todo minerales, a los que nos referiremos luego como “minerales de sangre” es y ha sido una de las causas fundamentales de estos conflictos en muchas regiones del continente. En la actualidad, países como la República Democrática de Congo, Sierra Leona, Liberia y Angola, emergen a veces y muy lentamente de esas contiendas alimentadas durante años por disputas sobre esos recursos minerales. Además, la oposición de las comunidades a muchos proyectos mineros, petroleros, gasíferos, pesqueros o madereros de las grandes compañías o del gobierno respectivo o de ambos, sirve de alimento a esas contiendas.

Surgen en seguida los grupos armados que crecen y se multiplican en África. Algunas de estas querellas entre grupos étnicos involucran a comunidades locales, productores informales y de pequeña escala, corporaciones transnacionales y el Estado dominador e injusto.

Muchos de estos conflictos son violentos, se dirimen con armas modernas y ocasionan continuas violaciones de los Derechos Humanos. Hay constancia de que muchas veces las comunidades son atacadas militarmente con tanques, aviones y hasta misiles por el propio gobierno a instancias y complicidad de las grandes compañías mineras. Algunas de las poblaciones han llegado a sufrir la contaminación de aguas, la toma de sus tierras sin adecuada y justa compensación; otras han destruido sus modos de vida.

El origen es casi siempre el mismo, la captura de los recursos minerales, agravados por la escasez de alimentos, ropas y la proliferación de enfermedades contagiosas. También la crisis de identidades y la indeterminación de los derechos. Y su incumplimiento.

A nivel comunitario, los conflictos por escasez de recursos surgen mayoritariamente de tres tipos de éstos: el agua, las tierras aptas para cultivo, y los productos forestales y no forestales. Estos recursos renovables generan contiendas entre comunidades y corporaciones transnacionales porque, a pesar de ser fundamentales para la vida, se vuelven escasos rápidamente en áreas afectadas por la minería.

Los conflictos identitarios en los últimos años son movimientos a gran escala generados por planes de traslado y reubicación de poblaciones, la introducción de nuevas actividades económicas, y cambios en las condiciones medioambientales y recuerdan a veces al movimiento de poblaciones que los nazis hacían en Polonia, Ucrania, Países Bálticos, la URSS de esos días y los países del Este. En esos conflictos de trasplante de poblaciones se contemplan con horror la negación a comunidades enteras de sus derechos históricos básicos, como el derecho a la información, desarrollo en un medioambiente sano, justa y adecuada participación en los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos, derecho a compensaciones y auto-determinación. Regiones enteras de África parecen en muchos aspectos un inmenso campo de concentración alentado por ocupantes occidentales y sus sicarios.

Las promesas de la globalización han servido de estimulo a las aceleradas reformas y captura de recursos en África. Por ejemplo, bajo el programa global de ajuste prescrito por el Banco Mundial, se prometió a los países africanos ricos en minerales que obtendrían una justa porción de la renta económica por la explotación de esos recursos si desrregulaban y privatizaban el sector. Con esa creencia, muchos países africanos accedieron a reestructurar su minería desrregulándola de manera radical, retirando al Estado de su control, mientras ofrecían generosos paquetes de incentivos a los inversores. Estos cambios abrieron la puerta a las compañías transnacionales para su llegada a los recursos mineros de África, resultando en una mayor captura de recursos que provocaron nuevos conflictos entre comunidades, compañías mineras y gobiernos.

Los gobiernos de África no fueron capaces de regular a las corporaciones transnacionales para asegurar la protección de sus ciudadanos, el medioambiente y las economías nacionales. Y la globalización entendida como proceso, política y marco legal, lo que hizo fue dar más poder a las corporaciones transnacionales debilitando el poder del Estado.

Muchos países africanos toman parte en este proceso sólo como gestores. A pesar de participar en él como países soberanos, carecen de capacidad e instrumentos económicos para efectivamente obtener algún beneficio de la globalización, o proteger a sus ciudadanos contra estas realidades. El tremendo fracaso del Estado en proveer amparo y confundirlo con un tipo de machismo a veces armado y siempre violento, se vuelve causa de conflictos con los recursos minerales como fondo.

Cualquier plan que signifique aumentar la explotación de recursos minerales, mediante inversión doméstica o extranjera, merecería guiarse por una visión nacional que maximice los beneficios, minimice los costos ambientales, y asegure una extracción de minerales entendida desde el respeto a los derechos. Quizá, una política minera unificada de acuerdo a marcos regionales evitaría las condiciones actuales. Esa sería una solución. Luego iremos a la Ley Dodd-Frank que han impuesto los demócratas de Estados Unidos y que sí abre un resquicio a la esperanza en cuanto a la gestión de los recursos.

Las estructuras democráticas y regulatorias deben estar a la altura de sus responsabilidades. Por ejemplo, instituciones democráticas nacionales como el parlamento deben ser capaces de sostener su autonomía y vetar acuerdos bilaterales de inversión en el sector minero, para asegurar que esos acuerdos se compadezcan con las aspiraciones de la población y una visión de la nación en su conjunto. Eso se dice fácil desde el ángulo occidental pero en África lo fácil resulta difícil o imposible.

Se denuncia, por ejemplo, que ese gran mercado occidental financia atrocidades en República Democrática del Congo (RDC), donde ya han muerto cinco millones de personas en el conflicto más cruento de África, después del genocidio de Ruanda de 1994. Respecto a la importante Ley Dodd-Frank para Protección al Consumidor que controlará a consumidores, inversionistas y empresas y ayudará a establecer una relación y saber el origen de los minerales y de toda mercancía adquiridos por las empresas, nos referiremos enseguida.

El gobernador de Kivu Norte dijo a investigadores de Global Witness que hay guerra desde 1996 y les preguntó “por qué el gobierno de Estados Unidos no aprobó esta ley hace 10 años”. El representante Jim McDermott, impulsor de la norma, señaló que el proyecto de ley fue una medida actualizada que permitirá a consumidores e inversionistas decidir si entablan una relación de negocios con empresas que adquieren minerales de conflicto. “Es importante si creemos en la justicia social de cortar los fondos de quienes matan y violan en África“, dijo McDermott.

África es una inmensa mina: posee importantes recursos mineros que representan un tercio de las reservas mundiales.

Cabe indicar, por ejemplo, que el 89% de las reservas de platino se encuentran en África, el 81% del cromo, el 61% del manganeso, el 60% del cobalto. Una posición, en consecuencia, dominante que según los especialistas tiende a reforzarse.

El senador Jim McDermott y global witness se han jugado casi la vida para que se cumplan en África por lo menos los derechos fundamentales y la libertad de trabajo

Sin embargo, el peso de algunas producciones tradicionales africanas tiende a bajar; por ejemplo el oro (21%), los diamantes (46%, tras un periodo de claro aumento). A pesar de cierta disminución relativa, África sigue produciendo lo esencial de los recursos mineros mundiales. La subida del precio de algunos de ellos ha aumentado la rentabilidad del sector y ha aumentado la demanda, lo que ha llevado a muchas compañías a intensificar sus prospecciones en África.

Madagascar se ha convertido en el primer productor africano de níquel y tras el descubrimiento reciente de titanio y cobalto va a reforzar su posición exportadora. Guinea-Conakry, que alberga los dos tercios de las reservas mundiales de bauxita está también entre los países mineros mejor clasificados. El uranio africano representa el 20% de la producción mundial y hay tres países africanos bien colocados: Níger (mina de Imouraren), República Centroafricana (Bakouma) y Namibia (Trekkopie).

África atrae a numerosos inversores. Los intereses políticos y privados se entrecruzan en una nebulosa de difícil comprensión. (Recordamos que la reciente Ley Dodd-Frank comprende tan sólo a los Estados Unidos). No obstante se puede hacer un perfil bastante preciso de las principales empresas que explotan el subsuelo africano. Una gran parte de las riquezas minerales africana se encuentra al sur del ecuador, África Central y del Sur han sido mimadas por la naturaleza y disponen de reservas gracias a las cuales los gigantes de la industria minera hacen suculentos negocios. Hay algunas bolsas mineras en el Oeste y en el Sahel.

El oro es especialmente codiciado (65 mil millones de dólares anuales) y es explotado principalmente en Suráfrica por tres grandes multinacionales extractoras: Anglo-Gold (Suráfrica), Barrick Gold (Canadá) y Newmont Mining (USA). Vienen luego los diamantes, explotados principalmente en Botsuana, República Democrática del Congo, Angola y Suráfrica, por las empresas surafricanas De Beers y Kimberkley Rhodes, así como por algunas compañías canadienses y rusas. El uranio, cuyas reservas principales se sitúan en Níger y Namibia, es explotado por la francesa Areva, que tiene casi el monopolio. La rusa Rusal es la “encargada” de la bauxita de Guinea como principal productor seguido de Mali.

Hay que destacar que las empresas canadienses han jugado un papel importante en la eclosión de la extracción minera en África. Canadá es un gran productor minero y ha visto cómo sus empresas se han trasladado fuera del país a causa de un fuerte descenso de sus propias reservas.

Hasta 2005 nos encontramos con sociedades como Tenke Mining Corporation, Melkior Resources Inc., Barrick Gold Corporation, First Quantum Minerals Ltd., IAMGold Corp, Tiomin Ressources Inc., Ashanti Goldfields Company Ltd. o Banro Corp., que detentaban todas las acciones en numerosas inversiones en unos cuarenta países. Estos grandes han visto que les han seguido varios “Juniors” y empresarios locales. Las inversiones extranjeras, concretamente de los países emergentes, en el sector minero han aumentado enormemente. Cabe citar sobre todo a China. El continente africano, con sus minas, tiene muchos novios.

El mercado sólo en lo relacionado a Estados Unidos ha sufrido un cambio importante que puede o no repercutir en otros países

La Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street, Ley Dodd-Frank, como hemos dicho, regula el mercado financiero de Estados Unidos, pero la norma trata también sobre la responsabilidad corporativa fuera del territorio en la compra de minerales de conflicto.

Algunas disposiciones requieren que las compañías que figuran en la Comisión de Valores y Cambios (SEC)) informen si obtienen el tungsteno, el estaño, el tantalio y el oro de zonas de RDC (Congo) relacionadas con violaciones de derechos humanos perpetradas por grupos armados.

La norma obligará a las compañías a activar el proceso llamado “debida diligencia para una cadena de suministro”, para brindar a la SEC la información sobre el contenido de los productos utilizados.

Pero la disposición -como muchos demócratas norteamericanos temían- se estancó en un proceso de reglamentación de la SEC, encargada de definir cómo se aplicará ese punto específico de la Ley Dodd-Frank. Los defensores de la ley, las organizaciones de derechos humanos y una pequeña zona de la sociedad civil norteamericana y congoleña, se preguntan sobre las razones de la demora.

Global Witness, (Testigo Global) que trata de regular los recursos naturales de conflicto, recuerda a todos que están en juego vidas humanas.

La demora, “de hecho, ha permitido ganar tiempo a las organizaciones armadas responsables de horrendos ataques contra civiles en Congo y que las empresas han obtenido mayores beneficios del comercio de minerales”, según Global Witness, cuyo merito extraordinario hay que destacar aqui…

Global Witness realizó sus propias investigaciones, incluido un mapeo de la cadena de abastecimiento, e informó que el comercio de minerales de conflicto aviva la apropiación de tierras y el desplazamiento de personas en Kivu Norte, donde “los abusos a los derechos humanos, incluidas violaciones y esclavitud sexual, alcanzaron proporciones catastróficas. Y sin ir más lejos la investigación realizada por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en RDC (Congo) informó que 300 mujeres de tres aldeas cercanas a yacimientos mineros en la oriental provincia de Kivu Norte fueron violadas en agosto de 2010.

La Ley Dodd-Frank exige a las firmas compradoras que acrediten el origen de las mercancías adquiridas, precisamente para detectar los minerales con sangre, de contrabando. Las multinacionales se oponen afirmando que eso colapsará el negocio como ha ocurrido al menos en Congo.

En cambio, los partidarios (los defensores de los derechos de los mineros) sostienen que la procedencia de los minerales, tungsteno, estaño y tantalio, pueden remontarse hasta unas pocas fundiciones en el mundo. Eso requeriría que las compañías (norteamericanas) investiguen si compran minerales suministrados por organizaciones armadas del Congo (RDC), revelen la verdad y tomen medidas con la “debida diligencia” para buscar otras minas de abastecimiento, y no los compren de contrabando.

El estado de California utilizó la norma Dodd-Frank como modelo para su propio proyecto de ley, que aprobó en septiembre 2011 y que prohíbe hacer negocios con compañías que utilizan minerales de conflicto.

“Creo que hubo mucha presión política de diferentes grupos, algunos del sector corporativo”, para que no saliera la ley, dijo Corinna Gilfillan, directora de la oficina de Global Witness en Estados Unidos. “Estamos hablando de dos disposiciones realmente fundamentales y que son importantes para los derechos humanos. La disposición requerirá que compañías mineras, de gas y petróleo informen a la SEC los impuestos, las regalías, los derechos de producción, entre otros, y las primas que pagan a los gobiernos.

El resto de los problemas que aquejan a África lo debatiremos en un segunod reportaje.


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